Valle de Tulancingo, Hidalgo.- El paro camionero programado para los días 29 y 30 de agosto fue suspendido, luego de que el Gobierno Federal diera respuesta positiva a las peticiones del gremio, sobre todo en el rubro de seguridad y de pago de derechos e impuestos.
Gerardo González García, delegado en Hidalgo de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (Amotac), confirmó que desde el pasado viernes 25 de agosto iniciaron las mesas de trabajo con instancias del gobierno federal.
En seguridad pública, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, comprometió reforzar la vigilancia en carreteras.
La Amotac ha señalado que además de asaltos que cotidianamente se registran en carreteras de todo el país hacia transportistas, en meses recientes se han registrado alrededor de 40 asesinatos de estos, también a nivel nacional.
González García dijo que el funcionario federal comprometió que la Guardia Nacional reforzará la vigilancia carretera, además que habrá atención inmediata a reportes que generen los transportistas.
También se acordó que el uso de las rampas de emergencia será gratuito; los transportistas consideraban un abuso el pago entre 150 mil a 200 mil pesos por dicho uso.
Otro de los acuerdos es que la licencia digital sea reconocida por las autoridades estatales y municipales, por lo que la Secretaría de Gobernación Federal comprometió generar la comunicación al respecto hacia dichos órdenes de gobierno.
Finalmente, se estableció no sancionar a los autobuses de modelos atrasados, pero en servicio, en tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes culmina dicho trámite a los transportistas que lo requieran.
Queda pendiente la petición de eliminar el cobro de ingreso de camiones que hacen descarga en varios municipios del país, señalando el representante de Amotac en Hidalgo que en algunos casos son excesivos.
Además, el Gobierno Federal deberá establecer un mecanismo para que el servicio de grúas y remolque cobre de acuerdo a un tarifario ya existente, “pues actualmente cobran a su libre criterio, y muchas veces en condiciones abusiva”.
Se estableció un plazo de tres meses, tanto para revisar el avance de los compromisos establecidos, como para el cumplimiento de las peticiones pendientes.
Por Daniel Martínez Martínez
