Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Como un acto de desesperación, calificó Cuahutémoc Ochoa Fernández, candidato al Senado de la República por Hidalgo bajo las siglas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la solicitud de medidas cautelares que fue aprobada a mediados de la semana pasada por la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en la entidad.
Las medidas se aplican luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalara a Ochoa Fernández de usar programas sociales durante la actual campaña proselitista, así como haber realizado actos anticipados de campaña.
“El hecho de entregar una gorra, ellos, la oposición, lo consideran como si fuera un programa social”, por lo que negó haber usado programas sociales, aunque no hizo aclaración alguna sobre los actos anticipados de campaña, por los que el PRI presentó también queja ante el INE.
El organismo autónomo determinó aplicar medidas cautelares hacia Ochoa Fernández, que implican no hacer mención alguna de programas sociales durante su proselitismo, en tanto se desarrolla investigación sobre el tema.
El abanderado morenista a la Cámara Alta dijo que su equipo jurídico ya está trabajando en demostrar que no ha usado programas sociales para hacer proselitismo, así como tampoco llevó a cabo actos anticipados de campaña.
Dijo que continuará realizando recorridos en la entidad, y como parte de su campaña, seguirá presentando propuestas, “que no pueden ser considerados como uso de programas sociales”.
Respecto al uso de una unidad de despacho y venta de agua purificada que recorrió varios puntos de Hidalgo a nombre de Ochoa Fernández, en ese momento diputado federal por Tula de Allende, su equipo de trabajo aseguró que ya no está realizando dichos recorridos.
El equipo del candidato morenista reconoció que la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios del estado de Hidalgo detuvo los recorridos, prohibiendo con ello el funcionamiento de la planta móvil de agua purificada.
Pero retiró la sanción días después, asegurando los colaboradores de Ochoa Fernández que la instancia estatal había usado para aplicar la sanción una normativa legal que ya no está vigente.
Por Daniel Martínez Martínez
