Paola Macuitl
Tras los señalamientos del gobernador Alejandro Armenta Mier, la diputada del PAN, Celia Bonaga Ruiz propuso una reforma para que alcaldes no participen como proveedores en los procedimientos de contratación de obra pública.
La diputada del PAN propuso reformar la Ley Orgánica Municipal para prohibir estas prácticas y castigarlas con la nulidad de los contratos.
Bonaga plantea reformar el artículo 91 para obligar a los presidentes municipales a vigilar la obra pública bajo principios de imparcialidad, transparencia y libre competencia, y abstenerse de intervenir por sí o por interpósita persona cuando haya conflicto de interés.
El conflicto se configuraría por relaciones familiares, comerciales o societarias con licitantes, incluyendo parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado o afinidad hasta segundo grado, con cónyuges, socios o beneficiarios controladores.
La propuesta va más allá con un nuevo artículo 171 Bis que prohíbe a presidentes, síndicos, regidores y titulares de dependencias participar como proveedores, contratistas o subcontratistas del Ayuntamiento, directamente o a través de prestanombres.
La sanción sería la siguiente: “Los contratos celebrados en contravención a este artículo serán nulos y se dará vista a las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa, civil o penal”.
La panista argumentó que el interés general debe prevalecer sobre el particular para proteger la integridad institucional.
La iniciativa retoma lo dicho por Armenta el 20 de agosto, cuando denunció el modelo “calle moche” que encarece la pavimentación: “En cada calle hay una comisión que beneficia a alguien […] y lo mismo en los municipios”, afirmó el mandatario.
