Pachuca de Soto, Hidalgo.- Con 25 votos a favor del mismo número de diputados presentes en pleno, los integrantes de la LXIII Legislatura aprobaron la reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de eliminación del fuero.
La iniciativa que envió el gobernador del estado de Hidalgo desde el 2 de marzo fue avalada tal cuál pese a que los legisladores tardaron más de cuatro meses en su discusión.
La reforma fue avalada por 25 diputados de PRI, PAN, PRD y Morena y deberá ser enviada a los ayuntamientos para que la sancionen.
Una vez publicada en el Periódico Oficial correrán 90 días para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Según el documento enviado por el gobernador, que no fue modificado por los diputados, el Ministerio Público deberá investigar que las acusaciones contra los servidores públicos no respondan a venganza o persecución política.
Hidalgo se sumará a los 12 estados del país que han eliminado el fuero en sus legislaciones locales: Jalisco, Campeche, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Baja California, Ciudad de México, Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Quintana Roo.
Margarita Ramos Villeda, coordinadora de los diputados del PRD, apuntó que eliminar el fuero no afectará la libertad de expresión de los servidores públicos.
En tanto, el legislador de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel de la Fuente, se pronunció por eliminar la inmunidad procesal, como parte de una política nacional del instituto político que representa.
Luis Baños, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que la reforma evitará actos de corrupción como el desvío de recursos en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y en el Sistema de Radio y Televisión del estado.
Marco Ramos Moguel, diputado perredista, cambió de opinión y votó a favor de la reforma pese a que en comisiones la rechazó. Pidió que no sea un cheque en blanco para que inicie una persecución política contra funcionarios públicos
Y exigió fortalecer al Ministerio Público para tener una aplicación de la justicia eficiente.
De acuerdo a la presidenta de la junta de gobierno del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, en entrevista vía telefónica, indicó que tendrá que ser aprobada por 43 ayuntamientos por tratarse de una reforma a la Constitución local.
Puntualizó que el Poder Legislativo trabajará con las presidencias municipales para que los ayuntamientos sepan la importancia de su voto a favor de la inmunidad procesal.
Por Daniel Martínez Martínez