Especialistas señalaron que niñas, niños y adolescentes que tienen a sus madres o padres en prisión necesitan atención integral, acompañamiento y garantías para ejercer sus derechos.
La protección de niñas, niños y adolescentes que viven en centros penitenciarios junto a sus madres o que permanecen fuera de prisión mientras alguno de sus padres está privado de la libertad requiere una mayor coordinación entre instituciones públicas y organizaciones civiles, coincidieron especialistas durante un encuentro organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
Durante la mesa de diálogo intersectorial “Infancias, derechos e impacto del encarcelamiento”, realizada en el marco del segundo Congreso Internacional sobre este tema, se analizaron los obstáculos que enfrentan estas infancias, entre ellos la discriminación, la violencia y las posibles vulneraciones a sus derechos.
Las y los participantes destacaron que cada caso debe atenderse de manera particular, escuchando la opinión de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su edad y desarrollo. También señalaron que los procesos de separación de menores que viven en prisión deben considerar su interés superior y contar con valoraciones multidisciplinarias y alternativas de cuidado adecuadas.
Además, plantearon fortalecer la representación jurídica, la atención psicológica y educativa, así como el acompañamiento institucional para quienes permanecen fuera de los centros penitenciarios.
Entre las propuestas también se incluyeron aumentar los recursos destinados a este sector, mejorar la coordinación entre dependencias y organizaciones civiles e incorporar la perspectiva de género y los derechos humanos en las políticas públicas.
