Más de un centenar de funcionarios en gobiernos municipales que a su vez laboraban en el sector educativo, han presentado su renuncia a alguno de los cargos o han solicitado licencia sin goce de sueldo.

Pachuca de Soto, Hidalgo.- La información fue ofrecida por Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría, recordando que actualmente la dependencia estatal está realizando inspección al respecto en gobiernos municipales.
El funcionario estatal detalló que casi en el 95 por ciento de los casos, los funcionarios decidieron renunciar al trabajo que desempeñaban en alguna administración municipal.
Ello debido a que los salarios en el sector educativo suelen ser más altos que en los gobiernos municipales.
Hace un par de semanas se anunció la revisión para confirmar o descartar la presencia de funcionarios que perciban doble salario en dos centros de trabajo.
Bardales Ramírez indicó que esperan que a finales de octubre se obtengan la mayoría de las renuncias.
En los casos donde se insista en tener una doble percepción, se iniciarán denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, incluso con la posibilidad de generar inhabilitación laboral de los involucrados en los casos.
Bardales Ramírez recordó que existe normativa legal donde no se permiten los dobles salarios, donde además se señala que deben renunciar o solicitar licencia sin goce de sueldo los trabajadores de la educación involucrados.
“Hay un artículo, el 101 de la Ley General de Docencia, que dice que ningún docente puede trabajar fuera de la docencia porque se les pagan ocho horas diarias de trabajo”, señaló.
La revisión continuará hasta finales de octubre, cuando se espera concluir la depuración total.
Si no renuncian, presentaremos las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Las sanciones pueden llegar hasta la inhabilitación”, advirtió el funcionario estatal.
El contralor explicó que los casos detectados corresponden principalmente a personal operativo en áreas como Archivo, Catastro y Ayudantía General. Por lo que no existen casos donde estén involucrados asambleístas municipales ni funcionarios municipales de primer nivel.