Singuilucan, Hidalgo.- La diputada local Mayka Ortega Eguiluz, solicitó ante el pleno del Congreso del Estado de Hidalgo que se realice investigación respecto a la construcción y entrega de locales del mercado municipal de Singuilucan, aún sin funcionar, señalando que existen varias irregularidades administrativas, e incluso posibles delitos.
Ante sus compañeros, la legisladora señaló que se creó un comité de obra para la construcción del mercado, en donde aparecen diversos funcionarios de la anterior administración municipal, pero no existen representantes de los comerciantes, que como beneficiarios directos de la obra, deberían participar en la vigilancia del proceso de construcción y equipamiento.
Señaló que a casi cuatro años del inicio de la edificación del mercado municipal, con inversión pública de un millón 481 mil pesos, este no ha sido entregado, e incluso la compañía que fue contratada para la construcción ha sido apoyada con el uso de maquinaria y vehículos propiedad del municipio para culminar los hechos.
Ortega Eguiluz recapituló que el pasado 4 de noviembre, cerca de la medianoche, se intentó la entrega de los locales del mercado municipal a personas que no son comerciantes, sino cercanos a las autoridades municipales, tanto las que recién culminaron su periodo, como las que están en funciones, así como las que están por entrar.
La entrega no se pudo concretar porque al sitio llegaron comerciantes agremiados en organizaciones para exigir que la entrega se les realizara a ellos, debido a que fueron quienes realizaron en su momento la gestión para la obra.
En ese momento, se presentó una trifulca que dejó a dos personas con lesiones que no pusieron en peligro sus vidas.
En las irregularidades señaladas estarían implicados el ahora ex alcalde, Mario Hugo Olvera, así como Pablo Cárdenas Calixto, actual presidente del concejo municipal interino y Miguel Taboada, presidente municipal electo.
Ortega Eguiluz exhortó a la Secretaría general de gobierno del estado, a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que se investigue el caso, para aclarar los puntos relatados.
Por Daniel Martínez Martínez
