Salvador “N”, exdirector de Administración y Finanzas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), fue vinculado a proceso por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Lo anterior por señalamientos de haber pagado de manera ilegal un servicio de certificación con costo al erario de 44 millones de pesos.
Los hechos que se le imputan ocurrieron cuando Salvador “N” se desempeñaba como director de Administración y Finanzas de la Caasim, el 11 de marzo del año 2022, fecha en la que celebró un contrato con la persona moral Nort Solutions S. de R.L. de C.V.
En dicho acuerdo se estableció que por la cantidad de 44 millones 80 mil pesos, la citada empresa debería cumplir con la prestación de servicios de consultoría y asesoría para la preparación, alineación, evaluación y gestión.
Lo anterior con fines de certificación en atención al ciudadano en el sector público, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra, el 23 de marzo de 2022, el imputado como responsable de administración de los recursos de dicho organismo descentralizado solicitó se realizara el pago inmediato del servicio contratado.
Ello se hizo el mismo día mediante una transferencia bancaria a la persona moral Nort Solutions S. de R.L. de C.V.
De acuerdo a las indagatorias, el pago sería ilegal, debido a que se realizó sin que la persona moral brindara el servicio contratado, pese a que fue solventado con numerario que constituía un fondo público.
Ya que fue solicitado mediante oficio con fecha 24 de febrero del año 2022, a la Secretaría de Finanzas Públicas, del gobierno del estado de Hidalgo.
Con base en estos datos de prueba, de los que se allegó el Ministerio Público, la persona aprehendida el pasado 28 de junio, fue presentada ante un juez de control.
En audiencia inicial se le formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
la jueza de Control, Karina Vértiz Marín, avaló la vinculación a proceso, otorgando un plazo de cinco meses para realizar la investigación complementaria.
A decir de Antonio Márquez Hidalgo, defensa del imputado, el Ministerio Público no logrará acreditar el presunto delito que se le imputa a su cliente toda vez que sí existen documentos que justifiquen la inversión realizada para la capacitación del personal de la Caasim.
