Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Los gobiernos municipales son los responsables de la atención a personas en situación de calle, de acuerdo a las normativas legales existentes, señaló Edda Vite Ramos, presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo.
Puso como ejemplo a Pachuca, cuyo gobierno municipal ha puesto en operación albergues invernales para dicha población vulnerable.
“De acuerdo a las características de cada municipio, las autoridades implementan las acciones de atención para las personas en situación de calle, apegado a las normativas legales vigentes”.
En entrevista ofrecida tras finalizar gira por la región Tulancingo el pasado fin de semana, Vite Ramos consideró que es posible diseñar un plan de atención para personas en situación de calle a partir de estudios que se lleven a cabo para ello.
Para ello es necesario realizar un censo de personas en situación de calle, donde se pueda conocer su estado de salud física y emocional, incluso mental.
Vite Ramos consideró que el mismo conteo debe considerar la situación económica de la persona en situación de calle, así como si cuenta con familia que sea ubicable.
“Con esos datos, en principio, podríamos establecer si la persona en situación de calle se tendría qué canalizar a un siquiátrico, a una casa de descanso o incluso si puede regresar con sus familiares”.
Consideró que cada municipio puede llevar a cabo el levantamiento de datos para diseñar su plan de atención a personas en situación de calle, de acuerdo incluso a sus respectivas características sociales.
Gobiernos municipales de la región Tulancingo han señalado la necesidad de contar con normativas específicas para la atención de personas en situación de calle.
Las autoridades locales han establecido que las lagunas legales no permiten actualmente dar atenciones de tipo social, de salud e incluso de tipo económico, así como a sus derechos humanos.
Además, han señalado que no pueden obligar a dicho sector social para ser apoyados, por lo menos para canalizarlos a un albergue temporal, precisamente por la falta de normativas legales específicas para ello.
Por Daniel Martínez Martínez
