Acatlán, Hidalgo.- Es necesario “pegarle a los bolsillos” de los grupos dedicados al robo de hidrocarburo, para que dicha actividad ilegal sea abatida, consideró el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.
En entrevista ofrecida durante visita de trabajo realizada en Acatlán el pasado jueves 26 de enero, anticipó que el gobierno estatal busca trabajar coordinadamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El objetivo es investigar los ingreso, cuentas y negocios fachada de los grupos dedicados al huachicoleo, para ser confiscados y desmantelados.
El modelo sería semejante al implementado en el año 1995 por el juez italiano Giovanni Falcone, con el que fueron aprehendidos y juzgados miembros de la mafia, y sus bienes y cuentas bancarias, incautadas.
El modelo señalado por Menchaca Salazar incluye el uso de los recursos de procedencia ilícita para el desarrollo de proyectos y obras sociales.
La réplica al modelo provendría de la Ley 109/96 promulgada en Italia, mejor conocida como “uso social de los bienes confiscados”, aplicada en 996, un año después de iniciada la lucha contra las mafias de dicho país.
El Ejecutivo estatal consideró que es un modelo internacional que demostró ser exitoso, por lo que se retomaría, tanto para afectar las finanzas de los grupos dedicados al robo de hidrocarburo y con ello abatir sus actividades, como para desarrollar acciones a favor de la población.
“Mientras no se pegue en el bolsillo de los delincuentes, (los recursos económicos) sólo se cambian de manos”, enfatizó.
El plan considerado incluiría acciones de inteligencia para evitar que se registren reacomodos de los grupos criminales, a partir de la captura de sus líderes por parte de fuerzas de seguridad pública.
Respecto a los operativos preventivos a delitos, particularmente el robo de hidrocarburo, Menchaca Salazar dijo que continuarán, para lo cual las fuerzas estatales de seguridad pública están coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Por Daniel Martínez Martínez