El Congreso de Hidalgo pausó temporalmente la discusión relacionada con las iniciativas sobre corridas de toros, luego de que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales solicitara detener el plazo de dictaminación mientras se define la viabilidad de una consulta ciudadana sobre el tema.
La decisión fue dada a conocer durante la sesión ordinaria de este miércoles, cuando la directiva del mes de mayo informó sobre la petición presentada por la diputada Lizbeth Iraís Ordaz Islas, presidenta de dicha comisión, quien argumentó que el procedimiento debe esperar hasta que exista una resolución sobre la consulta actualmente revisada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJH).
La suspensión impacta directamente en la iniciativa 186 impulsada por el diputado Avelino Tovar Iglesias, cuyo plazo de excitativa vencía este 28 de mayo. No obstante, las autoridades legislativas señalaron que el proceso permanecerá detenido hasta contar con condiciones legales para continuar el análisis.
Ordaz Islas explicó que el Congreso busca garantizar que la ciudadanía pueda participar antes de emitir una resolución definitiva, ya que existen dos propuestas legislativas relacionadas con las corridas de toros, incluida otra presentada por el diputado Marco Mendoza.
La legisladora indicó que ambas iniciativas quedarán pendientes mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente a la consulta pública y posteriormente se retomará el análisis de fondo con los argumentos de cada propuesta.
Detalló que la Comisión de Gobernación únicamente revisó la viabilidad legal y la trascendencia social de la consulta, por lo que ahora corresponde al Tribunal Superior de Justicia determinar si el mecanismo cumple con los requisitos constitucionales establecidos en la ley.
En caso de que el tribunal avale la consulta, el siguiente paso quedará en manos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, organismo encargado de organizar el ejercicio ciudadano y definir el aspecto presupuestal.
La diputada señaló que la eventual consulta podría realizarse hasta 2027, por lo que aún habría tiempo suficiente para contemplar recursos económicos dentro del presupuesto estatal.
Asimismo, aclaró que hasta el momento el Congreso no ha recibido notificaciones sobre recursos legales promovidos por colectivos animalistas, aunque reconoció que cualquier grupo tiene derecho a presentar las impugnaciones que considere necesarias.
Finalmente, recordó que la Ley de Consulta Ciudadana establece un plazo aproximado de 20 días para que el Tribunal Superior de Justicia emita una resolución sobre la constitucionalidad del proceso, por lo que se prevé que entre mediados y finales de junio exista una respuesta oficial.
