Hasta ahora ya van más de 4 mil quejosos, entre ellos 610 funcionarios de dependencias federales como PGR, CFE, SAT, y de organismos autónomos.
El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tiene intención de obligar a que funcionarios no ganen más de 108 mil pesos mensuales en la administración pública federal, lo cual abrió más frentes en su contra porque funcionarios de dependencias federales, órganos autónomos y paraestatales se sumaron a la batalla judicial contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que entro en vigor en septiembre pasado.
Los funcionarios destacados que promovieron el amparo pertenecientes a la Procuraduría General de la Republica (PGR), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Nacional Electoral (INE)
Explicaron que el conteo se realizó de acuerdo con el escrito de demanda, donde se anuncia el número de amparados, pero al ver las firmas no están todas recabadas, por lo que puntualizaron que durante el curso del juicio los que faltan ya se presentaran a firmar la demanda.
La semana pasada sumaban 512 demandas de garantías presentadas, que correspondían a 2 mil 835 quejosos, de los cuales 331 son jueces, 366, magistrados; mil 37 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales judiciales y 175 externos.
