Actualmente, la ley establece que estos derechos prescriben a los dos años del fallecimiento del trabajador, lo que deja en indefensión a viudas, hijos y adultos mayores que enfrentan procesos largos y trámites complejos.
El diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa de reforma para garantizar que las familias de trabajadores del Estado no pierdan el derecho a pensiones, indemnizaciones o recursos derivados de la muerte de un ser querido por el simple hecho de que transcurrió el plazo legal.
Actualmente, la ley establece que estos derechos prescriben a los dos años del fallecimiento del trabajador, lo que deja en indefensión a viudas, hijos y adultos mayores que enfrentan procesos largos, trámites complejos y situaciones de duelo.
“No puede haber reloj que limite la justicia. No es justo que el Estado se ampare en el tiempo para evadir su responsabilidad moral y legal con las familias de quienes le sirvieron toda su vida”, afirmó Barragán.
El diputado explicó que su propuesta busca que los derechos laborales no desaparezcan con el tiempo, pues la Constitución y los tratados internacionales establecen que las prestaciones deben proteger a las personas que dependían del trabajador, aun después de su muerte.
”La muerte no puede ser una barrera para el derecho, sino una razón más para fortalecerlo. El esfuerzo de una vida debe traducirse en protección, no en abandono”, añadió.
Barragán recordó que maestras, médicos, policías, trabajadores administrativos, personal operativo y todas las personas que sostienen al Estado con su trabajo merecen que sus familias sean tratadas con dignidad. La reforma, destacó, no crea privilegios, sino que corrige una injusticia que ha afectado por años a miles de familias.
“Esta iniciativa coloca a Michoacán a la altura de los principios constitucionales y de los tratados de derechos humanos. Sobre todo, envía un mensaje claro, en este Congreso creemos en una justicia que no caduca y que acompaña”, subrayó.
Finalmente, el legislador puntualizó que seguirá promoviendo reformas que pongan a las personas al centro de la ley y que dignifiquen el servicio público.
