Son 63 instituciones educativas privadas, las primeras, que este lunes promovieron un amparo ante los juzgados federales de Puebla, en contra del Decreto de 18 de mayo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de esa entidad, que contiene la Ley de Educación del Estado.
Esta ley establece, entre otros aspectos, que los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privada pasarán a formar parte del Sistema Educativo Estatal.
Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma, Abogados, la cual lleva la defensa de estas 63 instituciones, explicó a Excélsior que la reforma implica una expropiación de facto a toda la infraestructura escolar privada, lo cual sin duda se constituye como una legislación inconstitucional e ilegal.
“El hecho de que autoridades pretendan de inmiscuirse en el tema de costos de colegiaturas y esa especie de fiscalización a las actividades escolares, representa un agravio contra nuestros representados”, explicó.
Información de Excélsior
