Por Angélica Patiño
La Universidad Iberoamericana Puebla emitió un llamado de carácter urgente dirigido a las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno para garantizar el respeto irrestricto al derecho constitucional de manifestación pública durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA en territorio nacional. La institución académica jesuita externó la necesidad de preservar los canales de expresión social frente al despliegue de las agendas del certamen deportivo internacional.
A través de un pronunciamiento institucional, la casa de estudios expresó su preocupación ante la posibilidad de que se ejecuten acciones administrativas o de control policial orientadas a invisibilizar las problemáticas estructurales en materia de derechos humanos y seguridad que padece el país. La Ibero Puebla argumentó que las coyunturas de visibilidad global derivadas de los eventos de entretenimiento no deben ser utilizadas como pretexto para acallar los reclamos legítimos de los colectivos de víctimas y organizaciones civiles organizadas.
El análisis de la universidad poblana puntualiza que la libre ocupación de los espacios públicos y la libre expresión de las ideas constituyen pilares fundamentales de los regímenes democráticos, obligaciones normativas que el Estado mexicano ha suscrito ante los comités de los tratados internacionales. Los especialistas de la institución señalaron que las normativas de seguridad impuestas por los organizadores del evento deportivo internacional deben armonizarse de forma estricta con las garantías individuales de la población.
El pronunciamiento de la universidad fue remitido ante las mesas del Poder Legislativo y dependencias de gobernación estatales para su integración en los manuales de actuación de las corporaciones policiales preventivas en los próximos meses de 2026. La Universidad Iberoamericana concluyó señalando que el análisis crítico de la realidad nacional y el acompañamiento técnico a los movimientos sociales forman parte de la vocación humanista indispensable para asegurar el orden democrático de forma verificable.
