- Buscan suspender derechos para ocupar cargos de elección popular, empleos o comisiones de servicio público a quienes ejerzan violencia contra mujeres o sean deudores alimentarios.
Morena en el Estado de México ha presentado una iniciativa de reforma constitucional que busca sancionar a quienes ejerzan violencia contra mujeres o sean deudores alimentarios, impidiéndoles ocupar cargos de elección popular, empleos o comisiones de servicio público en la entidad.
La iniciativa, presentada por los diputados Azucena Cisneros Coss, Anais Miriam Burgos Hernández, LuzMa Hernández Bermúdez, Raúl Ponce Elizalde, Camilo Murillo Zavala y Faustino de la Cruz, se basa en datos alarmantes sobre la violencia de género en México. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años en el país han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de sus vidas, siendo la violencia física, sexual, emocional o económica perpetrada por parejas o exparejas la más común.
En el Estado de México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022 se iniciaron 2,685 carpetas de investigación por “Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar” y 3,003 por “Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar”. Hasta mayo de 2023, se han registrado 1,050 carpetas de investigación en el primer caso y 1,264 en el segundo.
Raúl Ponce Elizalde, uno de los legisladores detrás de la iniciativa, destacó que la normalización de estas conductas ha llevado a que servidores públicos electos y con cargos de representación popular incurran en estas prácticas o incluso en ilícitos. En respuesta a esta preocupante situación, se han formado movimientos liderados por colectivas feministas, como el Movimiento #MeToo, Las Brujas del Mar, el Movimiento “Ni Una Menos” y la Iniciativa “Sin Voto No Hay Acuerdo”, que buscan evitar que agresores de mujeres accedan a cargos públicos.
El legislador también señaló que la medida conocida como “3 de 3 contra la violencia”, a nivel federal, no generaba ningún efecto jurídico ni obligación para los aspirantes a cargos públicos. Esta medida consistía en un escrito firmado bajo protesta de decir verdad en el que los candidatos debían demostrar que no estaban incumpliendo ninguno de los supuestos relacionados con violencia de género o deudas alimentarias.
A nivel federal, el 25 de mayo de 2023, se aprobaron reformas para elevar a rango constitucional la medida “3 de 3 contra la violencia” y establecerla como requisito para el registro de candidatos a cargos de elección popular y para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Esto brinda certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores.
La propuesta de reforma constitucional en el Estado de México busca homologar el contenido de su Constitución con las reformas aprobadas a nivel federal, estableciendo la suspensión de derechos y prerrogativas para quienes tengan sentencia por comisión de delitos contra la familia y violencia de género en todas sus modalidades, así como para las personas deudoras alimentarias morosas. Estas personas no podrán ser registradas como candidatas para ningún cargo de elección popular ni ser nombradas para empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal o municipal.
