“La comunidad de Sicuicho se ha visto invadida por agentes que presten despojar de forma armada los bosques para cambio de uso de suelo”.
Este viernes el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el cual está conformador por 70 comunidades originarias, se concentraron en la capital michoacana, donde por medio de una marcha pacífica exigieron justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del presidente del comisariado comunal de la comunidad p’urhépecha de Sicuicho, Alfredo Cisneros Madrigal, quien fue asesinado el pasado 21 de febrero cuando llegaba a su domicilio después de desempeñar sus funciones en las oficinas del comisariado y quien además era defensor de los bosques de la región.
Con pancartas y a través del micrófono, además de la justicia, exigieron seguridad y paz para los pueblos originarios. Además manifestaron, estos hechos se dieron ante el reciente proceso de regirse como autogobierno.
“Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al Gobierno de Michoacán y al Gobierno de la República, que sus acciones no se queden únicamente en declaraciones políticas y cumplan la imperiosa necesidad
y su obligación constitucional de brindar justicia expedita, pronta y completa para el compañero Alfiedo Cisneros”, exigieron.
En esta concentración, también reprocharon el discurso de la cuarta transmisión, reiterando la inseguridad e impunidad predominan en el estado, pues según lo expuesto, el hoy ocioso habría denunciado ante la Secretaria del Medio Ambiente la tala clandestina de pino en el bosque de esta comunidad, dando como resultado una omisión de su parte.
“La comunidad de Sicuicho se ha visto invadida por agentes que presten despojar de forma armada los bosques para cambio de uso de suelo, para plantar aguacate de forma anárquica, afectando el medio ambiente, la salud y la seguridad de la población, por la ambición desmedida de la gente inconsciente”.
Así mismo, emplazaron al Gobierno de la Michoacán y a su Fiscalía a instaurar una Mesa de Justicia resolutiva para las comunidades indigenas, de lo contrario, amenazaron una movilización en todos “sus territorios”.
Finalmente demandaron justicia no solo para Cisneros Madrigal, sino también para Pedro Pasoual Cruzi, asÍ como para los más de 60 activistas sociales, asesinados y desaparecidos en sus comunidades.