Representantes del Consejo de Gobierno Comunal de San Ángel Zurumucapio, el Consejo de Gobierno Comunal de Opopeo, el Colectivo de Abogados Indígenas y el Consejo Supremo de Jóvenes Indígenas de Michoacán, en voz del vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán, informaron sobre la presentación de un amparo indirecto, colectivo y estratégico contra la metodología utilizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para la consulta relacionada con la iniciativa de una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Las organizaciones sostienen que las asambleas comunitarias no fueron consultadas de manera adecuada y que el proceso no contempla las formas de organización, los tiempos y las autoridades tradicionales de los pueblos originarios.
En este sentido, Guzmán explicó que el recurso, firmado y sellado por 30 autoridades tradicionales, fue presentado ante un juez de distrito del Poder Judicial de la Federación, debido a lo que consideran deficiencias en la convocatoria y metodología de la consulta. Y es que, de acuerdo con los representantes indígenas, se pretende analizar una legislación de más de 450 artículos en jornadas de hasta cinco horas, por lo que cuestionaron que un proceso de esta magnitud pueda desarrollarse sin ampliar sus etapas y adecuarlas a las dinámicas de cada comunidad. “El INPI impuso quién participa, cómo lo hace y qué se decide”, afirmó, al señalar que los foros establecidos no sustituyen, desde su perspectiva, la participación de las asambleas generales.
A su vez, los representantes señalaron que el procedimiento habría dejado fuera a 109 comunidades indígenas de Michoacán que no forman parte del catálogo utilizado por el INPI, situación que, sostienen, desconoce el derecho de las comunidades a su autoidentificación y su propia trayectoria histórica. Indicaron que la consulta debe considerar a comunidades purépechas, matlatzincas, nahuas, afromexicanas y de otros pueblos originarios, toda vez que, desde su perspectiva, su reconocimiento no debería depender exclusivamente de su inclusión en un registro institucional; sin embargo, será el proceso jurídico correspondiente el que determine los alcances de los argumentos planteados en el amparo.
Con respecto a la metodología cuestionada, los integrantes del CSIM señalaron que no es suficiente realizar foros informativos o de participación, sino que debe garantizarse que las decisiones sean discutidas conforme a las instituciones propias de cada comunidad, particularmente mediante las Asambleas Generales, que consideran la máxima autoridad comunitaria. Si bien reconocieron la existencia de un proceso de consulta, sostuvieron que este no cumple, a su consideración, con las características de ser previo, libre, informado, culturalmente adecuado y vinculatorio; pese a que el objetivo del amparo es controvertir la convocatoria vigente, plantearon que el propósito final es que se diseñe una nueva metodología de común acuerdo con los pueblos y comunidades, sin exclusiones y respetando sus tiempos y formas de organización.
Por lo que los representantes indígenas adelantaron que, además de la vía jurídica, mantendrán acciones sociales para expresar su postura respecto al proceso de consulta, incluida una jornada de movilizaciones anunciada para el próximo 12 de octubre, Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Indígenas. Al momento, el amparo busca que se revise la metodología implementada por el INPI y que, en caso de prosperar sus planteamientos, se establezcan condiciones distintas para la consulta; a final de cuentas, los promoventes sostienen que la discusión de la nueva legislación debe incorporar de manera efectiva a las comunidades que podrían verse afectadas por sus disposiciones.
