- Generar una modificación a la norma para el aprovechamiento de agua tratada y extracción en nuevas fuentes de abasto daría certeza a la Industria.
El trabajo coordinado entre el sector empresarial y el otorgamiento de facilidades para la apertura de nuevas unidades económicas deben ofrecer certeza jurídica y garantizar los medios de operación para las empresas, expresó Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem).
Al analizar las circunstancias actuales que rodean la operación de las unidades económicas, el líder empresarial explicó que una parte básica del proceso es definir claramente los plazos de respuesta para la emisión de los permisos de operación y para la dotación de servicios indispensables.
Aseguró que actualmente la cartera de inversiones de alto impacto de Concaem asciende a 50 mil millones de pesos, que se desarrollan en 20 municipios de la entidad.
A su vez, Marco Antonio Ríos Vilchis, vicepresidente de Inversión y Mejora Regulatoria de Concaem, explicó que es indispensable que en ese proceso se garantice la factibilidad de la dotación de agua para las industrias, a partir de la capacidad del municipio para el suministro o la aprobación de nuevas fuentes de extracción para ejecutar los procesos productivos.
Ríos Vilchis señaló que en el caso de “unidades de bajo impacto” hay algunas que afianzan el suministro a través de pipas, pero muchas de ellas tienen consumos mucho más elevados.
En ese sentido, Sauza Martínez añadió que se debe establecer un programa de producción y aprovechamiento de aguas pluviales.
“Lo que estamos promoviendo es una modificación de la norma para que con el previo tratamiento se pueda garantizar la producción y aprovechamiento del agua que las industrias ya recolectan y tratan, como parte del cumplimiento en materia de medio ambiente, pero que puede ser un punto determinante para el abasto y producción de nuevos bienes”.
Otro de los planteamientos que se ha hecho -abundó el presidente de Concaem- es que se puede establecer un Programa de Autoverificación para las unidades económicas, que podría aplicarse hasta en 90% de los establecimientos y con esto automatizar los procesos y reducir tiempos de operación.
Sauza Martínez indicó que se trabaja con los directores de desarrollo económico de diversos municipios para que la emisión de licencias de funcionamiento sea mucho más eficiente e incluso se puedan ampliar los tiempos de vigencia con sólo una renovación, con lo cual se evitarían trámites y costos financieros.
Ante un escenario que económicamente es complejo por los costos de los financiamientos y el alza en las tasas de inflación, el facilitar los procesos de apertura de unidades económicas será el verdadero detonante de la mejora de la calidad de vida de la población.