Pachuca de Soto, Hidalgo.- El gobierno estatal deberá otorgar ayudas sociales y de gestión a las personas sin documentos deportadas para su transportación hasta su localidad de origen, de acuerdo con la Ley de Migrantes Hidalguenses y en Contexto de Movilidad publicada esta semana.
Dicha legislación, cuyo decreto fue divulgado el 17 de agosto en el alcance cero del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), señala que el Ejecutivo de la entidad tiene un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor, el 18 del mismo mes, para expedir el reglamento correspondiente.
La nueva ley indica que corresponde a dicho poder proteger y promover los derechos de ese sector poblacional y sus familias; investigar y atender las causas que den o puedan dar origen al éxodo social.
Así como establecer alternativas de desarrollo e infraestructura básica de las localidades de origen de los connacionales, en coordinación con la comunidad migrante y con las autoridades federales, estatales y municipales; y promover el acceso a los esquemas de impulso humano, social y económico, por mencionar algunas acciones.
La normativa establece la creación del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Población Migrante y sus Familias, para financiar ayudas sociales, el acceso a proyectos y obras de infraestructura.
El recurso estará integrado por asignaciones presupuestales; capitales provenientes de la federación, estado, municipios y organismos internacionales, además de los privados, provenientes de personas morales y físicas nacionales e internacionales; y aportaciones de migrantes.
También, se incluyen secciones de beneficios, reunificación familiar, obra pública y proyectos productivos; y mandata la creación del consejo estatal de atención y protección al migrante. La nueva normativa abrogó la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Hidalgo.
Por Daniel Martínez Martínez
