Pachuca de Soto, Hidalgo.- El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma al código penal que contempla cinco delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos: intimidación, uso ilícito de atribuciones de funcionarios y particulares, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito.
Los diputados concluyeron ayer la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que ahora solo falta que las reformas y leyes secundarias sean publicadas en el Periódico Oficial de Hidalgo y los plazos inicien para su puesta en marcha.
La reforma especifica los servidores públicos que pueden cometer corrupción en la administración pública estatal. Incluye al gobernador, diputados locales, magistrados y consejeros del Tribunal Superior de Justicia.
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, procurador General de Justicia, presidentes municipales e integrantes de los ayuntamientos, además de consejeros electorales y magistrados electorales locales.
Los delitos cometidos en la procuración y administración de justicia tipificaron “las conductas cometidas por quien en el ejercicio de sus funciones oculte al imputado el nombre de quien le acusa”.
Así como “dé a conocer a quien no tenga derecho, los documentos que obren en una carpeta de investigación y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados”.
En el delito de cohecho, la reforma incluyó sanciones contra moches que cometan los diputados locales.
“Prevé una mayor punibilidad, para los representantes que conforman el Poder Legislativo, que en el ejercicio de sus funciones y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos, soliciten la asignación de recursos en favor de un ente público o el otorgamiento de concesiones.”
Además de “contratos de adquisición de bienes, arrendamientos, servicios, obra pública a favor de determinadas personas físicas o morales, al exigir, para sí o para un tercero una comisión, beneficio o contraprestación, en dinero o en especie”.
Por Daniel Martínez Martínez
