El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la Ley Mariana Lima Buendía, que además establece penas de cuatro a 10 años de prisión para servidores públicos que obstaculicen el acceso a la justicia
Alberto Dzib
Toda muerte violenta de una mujer o niña en el Estado de México deberá investigarse con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio, luego de que el Congreso local aprobó por unanimidad la llamada Ley Mariana Lima Buendía, una reforma que incorpora a la legislación estatal criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La modificación obliga expresamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a seguir este procedimiento desde el inicio de las indagatorias, con el propósito de determinar mediante la investigación si existieron razones de género y evitar que posibles feminicidios sean descartados inicialmente como suicidios o accidentes.
La reforma fue presentada por Jennifer González López, diputada de Morena, a partir de propuestas de Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana Lima, y Pablo Navarrete Gutiérrez, además establece consecuencias penales para funcionarios encargados de investigar o sancionar delitos contra mujeres cuando sus actuaciones impidan el acceso a la justicia.
Los servidores públicos que incurran en corrupción, negligencia u omisiones, o que obstaculicen una investigación o la administración de justicia, podrán recibir penas de cuatro a 10 años de prisión, multas de 100 a 150 días, además de la destitución e inhabilitación correspondientes.
La reforma retoma el precedente establecido por la Suprema Corte en 2015 tras revisar la muerte de Mariana Lima Buendía, ocurrida cinco años antes y considerada inicialmente un suicidio, después de que su madre denunció irregularidades y omisiones en las investigaciones realizadas por las autoridades.
La resolución de la Corte estableció que las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género y agotar las líneas necesarias para determinar si se trata de un feminicidio, criterio que ahora queda expresamente establecido en la legislación mexiquense como una medida para evitar que las fallas registradas en el caso de Mariana Lima se repitan.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, con lo que la aplicación del protocolo de feminicidio dejará de depender únicamente del precedente judicial y se convertirá en una obligación establecida en la legislación estatal.
