Octavio Martínez Vargas acusó posibles irregularidades en las imputaciones contra Alejandro Sánchez y aseguró que comerciantes respaldarán su defensa, la Fiscalía sostiene que una investigación derivada de 13 denuncias permitió identificar una presunta red delictiva
Alberto Dzib
El diputado de Morena Octavio Martínez Vargas cuestionó la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre una presunta red de extorsión y narcomenudeo relacionada con la Central de Abasto de Ecatepec, además anunció que respaldará a Alejandro Sánchez, uno de los señalados, al considerar que las acusaciones en su contra deberán ser acreditadas ante el Poder Judicial.
La postura del legislador surge después de que la FGJEM informó sobre la detención de 10 personas investigadas por su probable participación en delitos como extorsión, secuestro, robo con violencia, despojo y narcomenudeo, de acuerdo con la institución, las indagatorias comenzaron a partir de 13 denuncias y se desarrollaron durante seis meses.
Martínez Vargas aclaró que únicamente reconoce como socio de la Central de Abasto a Alejandro Sánchez entre las personas mencionadas por la Fiscalía y se deslindó de los demás investigados, además sostuvo que existe respaldo de integrantes del sector comercial hacia el empresario y pidió que las imputaciones sean resueltas con base en las pruebas presentadas ante los jueces.
“Evidentemente este es una advertencia de que sigue la fabricación de delitos en el Estado de México por parte de la Fiscalía del Estado de México y el Poder Judicial tendrá que acreditar su independencia y resolver con apego a la legalidad”, afirmó.
El diputado también rechazó que la Central de Abasto enfrente una situación generalizada de extorsiones y destacó la relevancia económica del complejo, donde aseguró que trabajan alrededor de 10 mil personas, se comercializan unas 3 mil toneladas de alimentos diariamente y se reciben cerca de 1.5 millones de visitantes al mes.
La versión de Martínez Vargas contrasta con la investigación de la FGJEM, que reportó presuntos cobros ilegales contra franeleros, pepenadores, comerciantes y bodegas, además de señalar que algunos integrantes del Consejo de Administración estarían relacionados con las indagatorias, afirmaciones que deberán determinarse en los respectivos procesos judiciales.
“Al menos Alejandro, los otros dos no sé quiénes sean, no tengo ninguna información de ellos, no son socios de la Central de Abasto, nadie ha sido víctima de algún tipo de extorsión ni nada de lo que ahí señalan, pero eso lo tendrán que esclarecer ellos”, sostuvo el legislador.
Martínez Vargas anticipó que respaldará la defensa de Alejandro Sánchez y señaló que organizaciones vinculadas con centrales de abasto fijarán una postura sobre el caso, en tanto las investigaciones de la Fiscalía continúan y corresponderá a las autoridades judiciales resolver la situación jurídica de cada una de las personas señaladas.
