La iniciativa presentada en abril plantea crear este delito en el Código Penal estatal y reformar otras dos leyes para fortalecer la prevención del trabajo infantil, la permanencia escolar y la restitución de derechos
Alberto Dzib
La explotación laboral de niñas, niños y adolescentes podría castigarse con penas de seis y hasta nueve años de prisión en el Estado de México, de acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso local que también plantea reforzar las obligaciones de las autoridades para prevenir el trabajo infantil y atender a quienes sean detectados en esta situación.
La propuesta fue presentada en abril de 2026 por le diputade Luisa Esmeralda “Meme” Navarro Hernández y contempla reformas al Código Penal, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación del Estado de México, con modificaciones dirigidas a prevenir estos casos, garantizar la restitución de derechos y fortalecer la permanencia o reincorporación escolar.
De aprobarse, el delito de explotación laboral infantil se configuraría cuando una persona utilice, obligue, induzca, facilite o se beneficie, directamente o mediante terceros, del trabajo de niñas, niños y adolescentes, con una pena inicial de seis años de prisión que podría alcanzar nueve años cuando se presenten las agravantes previstas en la propuesta.
Luisa Esmeralda “Meme” Navarro Hernández explicó que la iniciativa busca modificar el modelo de atención actual, al considerar que existen vacíos para prevenir los casos, dar seguimiento a las víctimas y coordinar la intervención de las instituciones responsables.
“El trabajo infantil no solo representa la incorporación temprana de la niñez y la adolescencia en actividades económicas; también representa una vulneración de derechos fundamentales que limita su desarrollo integral y compromete el futuro de la niñez y la adolescencia”.
La propuesta establece cuatro ejes de actuación: prevención para detectar factores de riesgo; atención y restitución mediante servicios médicos, psicológicos, jurídicos y familiares; educación para evitar el abandono escolar y facilitar la reincorporación, y coordinación entre las autoridades responsables de atender los casos.
El proyecto ha sido analizado mediante seis foros regionales y un parlamento infantil, donde se han recabado planteamientos de niñas, niños, adolescentes, familias, docentes y autoridades, mientras representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y del Gobierno estatal manifestaron su respaldo a las modificaciones durante el encuentro más reciente realizado en el Congreso.
El subsecretario general de Gobierno del Estado de México, Alejandro Viedma Velázquez, señaló que la dimensión del problema mantiene el tema entre los pendientes de atención institucional, pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía alrededor de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil en el país, aunque indicó que el indicador ha disminuido en territorio mexiquense durante los últimos años.
La iniciativa toma como referencia el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México 2025-2029 del SIPINNA y, tras los ejercicios de consulta realizados, deberá continuar su ruta legislativa para determinar si las reformas y la nueva figura penal avanzan hacia su eventual aprobación en el Congreso mexiquense.
