El Poder Judicial mexiquense desarrolla una herramienta propia que comenzará a operar en diciembre en materia laboral, su utilización estará limitada a consultas y tareas de apoyo para reducir tiempos de trabajo
Alberto Dzib
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), prepara una reglamentación para impedir que jueces y magistrados utilicen inteligencia artificial para elaborar sentencias, además prevé establecer responsabilidades para quienes recurran a estas herramientas con ese propósito, informó su presidente, Héctor Macedo García.
El Poder Judicial, dijo, desarrolla su propia plataforma de inteligencia artificial, cuya primera etapa está prevista para diciembre en materia laboral, la herramienta servirá para consultar legislación, jurisprudencia y precedentes nacionales e internacionales, pero la interpretación de la información y las resoluciones deberán quedar bajo responsabilidad de los juzgadores.
Macedo García señaló que la regulación será definida con el Órgano de Administración Judicial y contemplará candados para limitar el uso de la tecnología, aunque hasta ahora no se han detectado casos de jueces o magistrados que hayan elaborado sentencias mediante inteligencia artificial.
“No es posible que un juez, una jueza o magistrada hagan una sentencia con inteligencia artificial, estamos platicando con el Órgano de Administración Judicial, que es el que va a regular, y la idea es sanciones de responsabilidad alta porque hablamos, desde mi perspectiva personal, de un fraude ético”.
La herramienta sí podrá emplearse para localizar información relacionada con los expedientes y reducir el tiempo destinado a revisar leyes o criterios judiciales, además de facilitar labores administrativas como la elaboración de oficios, con una primera implementación en órganos laborales para supervisar su funcionamiento antes de extenderla a otras materias.
“Lo que queremos hacer es configurarlos, tendrá que ser consulta y facilitación de la lectura de leyes, porque en México estamos sobrerreglamentados, hay una infinidad de leyes y que tenga el mayor número de información”.
Macedo García estimó de manera preliminar que estas herramientas podrían reducir entre 50 y 60 por ciento los tiempos destinados a determinadas tareas judiciales, aunque reconoció que todavía no existe una medición que permita conocer su impacto, por lo que la implementación inicial servirá también para evaluar sus resultados y conservar el control sobre su utilización.
