Por medio de un comunicado oficial, se dio a conocer que el titular de la Secretaría de la Contraloría en el Estado de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, respaldó la eliminación de autorizaciones duplicadas para las contrataciones municipales.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Lo anterior, luego de que un grupo de asambleístas de varios municipios de la entidad se han manifestado públicamente respecto a la de reforma al artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
La reforma establece la autorización para que establezcan acuerdos y contratos sin la obligación de ser autorizados por los integrantes de la Asamblea Municipal respectiva.
Los asambleístas que se oponen a la reforma, señalan que con esta se les resta facultades a los integrantes de los cuerpos edilicios.
Al respecto, Bardales Ramírez señaló que los recursos públicos no pueden quedar sujetos a disputas políticas, intereses personales o incapacidad para construir acuerdos.
Señaló que, cuando el presupuesto ya fue aprobado y se cumplen los requisitos legales para contratar, exigir nuevamente el aval del Cabildo puede detener las mismas obras y acciones que el ayuntamiento autorizó.
El funcionario estatal señala que revisar el gasto constituye una obligación, pero utilizar una autorización pendiente para obtener plazas, contratos o beneficios personales representa una conducta que debe investigarse cuando existan elementos.
La Contraloría recibe constantemente quejas de presidentes municipales, contralores internos y tesoreros porque las autorizaciones se detienen y el presupuesto no se ejecuta.
Se señala que las consecuencias recaen en las comunidades: obras que no comienzan, servicios que se retrasan y necesidades que siguen sin respuesta.
Frente al argumento de que la reforma debilita la vigilancia, Bardales sostuvo que la contratación pública tiene obligaciones que deben cumplirse: procedimientos de obra y adquisiciones, suficiencia presupuestaria, integración de expedientes, comprobación de pagos y fiscalización.
También intervienen los órganos internos de control y la ciudadanía organizada en comités de Contraloría Social.
“La preocupación por preservar los contrapesos es legítima; también lo es exigir que esos controles funcionen y permitan atender a la población. Ninguna facultad pública debe convertirse en un coto de poder ni en una oportunidad para negociar beneficios particulares”, señala el comunicado.
“El señalamiento alcanza también a las presidencias municipales: agilizar los procedimientos no justifica contrataciones arbitrarias, proveedores favorecidos ni obras deficientes. Quien ejerce el presupuesto debe acreditar cada decisión y responder por cualquier irregularidad”.
A ello se agrega que “existen recursos federales sujetos a plazos cuyo incumplimiento puede generar la obligación de devolverlos. Una confrontación política puede terminar costándole a una comunidad el agua, el drenaje o la calle que esperaba.
