Apenas los municipios de Zitácuaro y Tarímbaro cuentan con una normativa de este modelo
Es importante para Michoacán, que el modelo de justicia cívica e itinerante se convierta en una herramienta de prevención. Así lo dijo el director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien dio a conocer los detalles de la recomendación general que hace la Comisión en esta materia.
El ombudsperson dijo que la recomendación pretende que todos los municipios establezcan una normatividad orientada en este sentido, dentro de un periodo razonable de tiempo, así como que se busquen los recursos financieros y la capacitación, evaluación y certificación de todos los recursos humanos.
Señaló que este modelo de justicia cívica debe ser itinerante, es decir, que las personas capacitadas deben ir al lugar de los hechos, donde se haya cometido cualquier clase de falta administrativa.
En esta recomendación, además, se indica que ninguno de los municipios de Michoacán está en orden con la reforma constitucional y con el mandato de justicia cívica e itinerante.
“Entonces todos los municipios tienen que trabajar en expedir su normatividad. Supongamos que les tome 2 o 3 meses, pero luego viene lo más complicado; conseguir el recurso. Sabemos que es de año a año, entonces tendrán que provisionar para invertirle a este nuevo modelo”, apuntó.
Marco Antonio mencionó que apenas los municipios de Zitácuaro y Tarímbaro cuentan con una normativa de este modelo, mientras que en Morelia se tiene un modelo que carece de normatividad.
Entonces, el orden correcto sería empezar por la prevención, después viene la determinación de la falta administrativa, luego se asigna una sanción y finalmente esta debe ejecutarse.
