Las prácticas más comunes son la compra del voto, la presión para votar por alguien, el proselitismo en casillas y el “acarreo” a las urnas
La jornada electoral del 2 de junio está a dos semanas de distancia y además de la importancia de ejercer el voto, es fundamental conocer los delitos electorales para evitar incurrir en ellos o denunciarlos en caso de ser víctimas.
Los delitos electorales son prácticas u omisiones que afectan el derecho al voto libre o el desarrollo y resultado de una jornada electoral, lo cual se sanciona con base en la Ley General de Delitos Electorales.
Las penas más bajas son de 50 a 100 días de multa y de seis meses a tres años de prisión para quienes voten pese a saber que no cumplen los requisitos de ley; voten más de una vez en la misma elección; hagan proselitismo o presionen a electores al interior de las casillas, y cuando obstaculicen el desarrollo de la jornada electoral.
La sanción puede subir al doble y llegar a seis años de prisión si se ejerce violencia contra funcionarios electorales; si se recoge o retiene una o más credenciales para votar o si se compra el voto y puede subir un tercio más si lo comete un elemento de seguridad pública, si se amenaza con suspender apoyos sociales, si se vota con credencial ajena o se transporta a votantes a las casillas.
La Ley contempla multas 50 a 200 días y de 2 a 6 años de prisión para quienes alteren o hagan uso ilícito del Registro Federal de Electores; obstruyan la votación; alteren resultados; abran o cierren casillas fuera de tiempos oficiales; o divulgue dolosamente noticias faltas sobre el desarrollo de la elección.
Otras penas, van de 300 a 600 días de multa y de 4 a 9 años de prisión para funcionarios electorales, partidistas o candidatos, que utilicen programas sociales para presionar a ejercer el voto.
También se prevén multas de mil a 5 mil días para los ministros de culto que presiones el sentido del voto o indican a votar a favor de alguien o abstenerse del voto.
Alberto Dzib