Durante entrevista en Primero Lo Primero, el especialista en propiedad intelectual y derecho digital de la UNAM, David Pizaña, advirtió sobre posibles riesgos en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo en materia de inteligencia artificial, actualmente en análisis en el Poder Legislativo.
El experto explicó que la propuesta busca proteger a sectores como locutores, intérpretes y artistas ante el avance de herramientas de inteligencia artificial que ya comienzan a sustituir sus funciones; sin embargo, señaló que la forma en que está planteada podría generar inconsistencias legales.
Uno de los principales riesgos, indicó, es que la reforma establece definiciones y regulaciones sobre inteligencia artificial sin que exista aún una ley general en la materia, lo que podría provocar contradicciones cuando dicha legislación sea aprobada a nivel federal.
Pizaña detalló que actualmente existen comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados que trabajan en una Ley General de Inteligencia Artificial; no obstante, al tratarse de una regulación compleja y transversal, que impacta ámbitos laborales, comerciales y civiles, su desarrollo ha requerido mayor tiempo.
Asimismo, advirtió que la iniciativa se enfoca en proteger únicamente a ciertos gremios, dejando fuera a otros creadores como escritores o músicos, lo que podría generar vacíos legales y desigualdad en la protección de derechos.
Otro de los puntos críticos es que, en su redacción actual, la reforma podría inhibir la inversión en el país, ya que establece requisitos estrictos para el uso de imagen y voz, lo que podría desincentivar a empresas del sector creativo y tecnológico.
El especialista también alertó sobre posibles efectos en la libertad de expresión, al señalar que ciertas disposiciones podrían limitar prácticas como la parodia o la sátira, fundamentales en la cultura y el debate público.
Finalmente, destacó la importancia de mejorar la técnica legislativa y abrir el diálogo con especialistas y sectores involucrados, con el fin de construir una regulación equilibrada que proteja a los trabajadores sin frenar la innovación ni vulnerar otros derechos.
