El Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa ley para establecer que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) cuente con una unidad especializada para la investigación del delito de extorsión.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- En diciembre del año pasado, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que pediría a los Gobernadores reforzar el combate a la extorsión y armonizar en los Congresos estatales reformas legales que permitan perseguir este delito de oficio.
En este contexto, Menchaca Salazar presentó la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de armonizar la legislación estatal con el nuevo marco jurídico nacional en esta materia.
La propuesta plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 12 de dicha ley, señalando que dicha unidad estará integrada por ministerios públicos, policías y analistas con formación específica en la materia, quienes deberán estar capacitados, evaluados, certificados y especializados conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa responde al incremento que ha registrado este delito en distintas regiones del país y que afecta principalmente a empresas, comercios y micro, pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, se alinea con la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizada en 2025, a partir de la cual se expidió la Ley General en Materia de Extorsión para fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión aumentó 23.1 por ciento a partir del año 2019, al pasar de un promedio diario de 25.11 casos a 30.9 en 2025.
Según el reporte presentado por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana federal entre julio y noviembre del año pasado se registraron 10 mil 854 extorsiones consumadas o con información suficiente para abrir carpeta de investigación, equivalentes al 11 por ciento de las llamadas al 089.
Otro 14 por ciento correspondió a intentos sin pago, mientras que el 75 por ciento restante, que representa 77 mil 428 reportes, fueron casos que no se concretaron gracias a la intervención de los operadores.
El funcionario agregó que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar y que se han instalado inhibidores de señal, escáneres, sensores y sistemas de circuito cerrado.
En total, el sistema atendió 102 mil 857 llamadas relacionadas con este delito en el periodo reportado, mientras que las fiscalías estatales iniciaron 3 mil 684 carpetas de investigación.
