Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- La revocación de mandato podría extenderse para cargos de elección local, pero para ello se requiere que la actual ley sobre la materia sea revisada y eventualmente adecuada para su aplicación por el Congreso del Estado de Hidalgo.
La apreciación es realizada por Juan Antonio Reyes Trejo, vocal ejecutivo de la Junta Distrital IV (Tulancingo) del Instituto Nacional Electoral (INE) en el contexto del proceso para revocación de mandato del Presidente de México.
Aclaró que la Ley de Revocación de Mandato, aprobada el año pasado por el Congreso de la Unión, sólo contempla al Ejecutivo Federal, por lo que en caso de querer establecerla para cargos como gobernador, presidentes municipales o diputados locales, debe pasar por la revisión ya señalada.
El funcionario electoral consideró que el actual proceso podría servir como experiencia respecto a la organización y alcances legales para la eventual aplicación para cargos de elección popular locales.
Consideró que uno de los puntos más importantes a revisar en la eventual legislación, es que la sociedad civil organizada tenga más participación no sólo para recolectar firmas para la solicitud del proceso, sino para que se involucren en las diversas etapas de organización.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la actual organización del proceso de revocación de mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando Reyes Trejo que la Junta Distrital IV ya está realizando la convocatoria para contar con los funcionarios electorales que apoyarían durante el eventual proceso.
A su vez, se está a la espera de conocer el resultado del análisis de las firmas, y se alcanza la validez de por lo menos el tres por ciento del total del padrón electoral nacional, seguirá adelante el proceso.
El padrón electoral nacional asciende a 93 millones 528 mil 473 ciudadanas y ciudadanos, lo que significa que para continuar con el proceso de revocación de mandato del Presidente de México se requieren dos millones 805 mil 855 firmas válidas para hacer válida la petición ciudadana.
Por Daniel Martínez Martínez