Una iniciativa presentada en el Congreso de Hidalgo plantea cambios a la legislación estatal para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como un posible feminicidio, independientemente de que las primeras evidencias apunten a un accidente, suicidio o percance vial.
La propuesta fue impulsada por la diputada priista Montcerrat Hernández Pérez, quien busca modificar disposiciones del Código Penal estatal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer la actuación de las autoridades durante las primeras etapas de las indagatorias.
Entre los principales planteamientos se encuentra la obligación de mantener abierta la hipótesis de feminicidio hasta que los estudios periciales, forenses y científicos permitan descartar de manera concluyente la existencia de razones de género o determinen la configuración de otro delito.
La legisladora argumentó que la normativa vigente puede propiciar que algunos casos sean reclasificados prematuramente, lo que podría afectar la realización oportuna de diligencias especializadas consideradas clave para la preservación de pruebas y el esclarecimiento de los hechos.
La iniciativa también propone incorporar a la legislación estatal la denominada Regla de Presunción de Feminicidio, mediante la cual las autoridades tendrían que abordar toda muerte violenta de una mujer bajo ese enfoque desde el comienzo de la investigación y hasta contar con elementos suficientes para determinar otra causa.
Asimismo, contempla sanciones para servidores públicos que retrasen, obstaculicen o incumplan con las investigaciones por posibles feminicidios. Las medidas incluirían penas de prisión, multas económicas, así como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos dentro del servicio público.
Otro de los cambios planteados establece que el personal ministerial, policial o pericial podría incurrir en violencia institucional si omite aplicar los protocolos especializados, altera escenas relacionadas con los hechos o afecta la conservación de indicios relevantes para las investigaciones.
De igual forma, la propuesta obligaría a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo a activar de manera inmediata los protocolos de feminicidio ante cualquier muerte violenta de una mujer, sin permitir una clasificación inicial como accidente, suicidio u otro hecho hasta agotar todas las líneas de investigación correspondientes.
Con estas modificaciones, la diputada busca que la investigación de posibles feminicidios deje de depender de criterios discrecionales y se convierta en un procedimiento obligatorio, respaldado por evidencia científica y perspectiva de género desde el primer momento.
