Empresarios plantean institucionalizar prácticas éticas ante incidencias en trámites y presión en competitividad estatal
Alberto Dzib
El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México anunció el impulso de una agenda de integridad empresarial con la creación de códigos éticos y manuales de buenas prácticas, como respuesta a los resultados de un estudio de percepción sobre corrupción y a los indicadores nacionales que ubican al país con retrocesos en la materia.
Durante la reunión de seguimiento de la Agenda Anticorrupción, el organismo planteó que estas herramientas buscan establecer estándares internos en las empresas y fortalecer la relación con las instituciones públicas, en un entorno donde la corrupción incide en la certidumbre para la inversión y en la competitividad de la entidad.
El presidente del CCE, Germán Jalil Hernández, señaló que el sector empresarial busca institucionalizar estos mecanismos como una política permanente, con base en prácticas nacionales y en coordinación con el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
“Las empresas necesitan reglas claras, instituciones sólidas, un ambiente de legalidad que permita certidumbre para la inversión y el crecimiento, por ello proponemos avanzar hacia una agenda de integridad empresarial que establezca manuales de buenas prácticas y un código modelo de ética que sirva de referencia para todos nuestros afiliados, además de institucionalizar esta ruta como una política permanente de fortalecimiento ético y organizacional”.
El planteamiento se da tras la presentación de un estudio realizado entre agosto y septiembre de 2024, en el que participaron más de 300 unidades económicas, principalmente de los sectores servicios, comercio e industria, con predominio de pequeñas empresas, lo que permitió documentar cómo se manifiesta la corrupción en la operación cotidiana.
Los resultados señalan que la corrupción se concentra en trámites, servicios y gestiones administrativas, donde 32% de los casos se relacionan con la necesidad de agilizar procesos y 24% con la conclusión de procedimientos, lo que evidencia que el problema se vincula con obstáculos institucionales y no sólo con beneficios indebidos.
El diagnóstico también advierte que más del 90% de quienes enfrentaron actos de corrupción no denunciaron, principalmente por miedo a represalias, por considerar que se trata de una práctica común o por desconocimiento de los mecanismos, lo que refuerza la percepción de impunidad y normalización del fenómeno.
En paralelo, el sector empresarial expuso que México obtuvo 26 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, ubicándose en la posición 140 de 180 países, mientras que estimaciones del INEGI señalan costos superiores a 11 mil 900 millones de pesos anuales y organismos internacionales advierten impactos de hasta 9% del PIB.
En este contexto, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción estatal, Alberto Gándara Ruíz Esparza, señaló que la construcción de esta agenda requiere la participación activa del sector empresarial para generar soluciones basadas en evidencia y con alcance medible.
“La corrupción no se combate únicamente desde el ámbito público ni desde el privado, se requiere una articulación efectiva entre ambos, por ello esta agenda busca generar condiciones para compartir información, identificar áreas de oportunidad y construir soluciones que respondan a la realidad de los procesos, con acciones concretas, sostenibles y medibles”.
Los participantes coincidieron en que el fortalecimiento de códigos de integridad, la mejora regulatoria y la simplificación de procesos administrativos serán elementos centrales para reducir incentivos a la corrupción, en un escenario donde el Estado de México enfrenta presiones en sus indicadores de competitividad y en la confianza institucional.
