Aprueba Junta de Gobierno, una opinión favorable a la propuesta de Protocolo de Actuación de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal
Redacción AR
La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México aprobó por unanimidad, emitir una opinión favorable a la propuesta de Protocolo de Actuación de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM); el cual busca garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de comunicadores y activistas.
En este marco, el Consejero Jurídico Jesús George Zamora informó que la opinión se emite a petición de la SSEM, que además contó con la participación de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense (Codhem) y del Consejo Consultivo del Mecanismo. “Este protocolo es pionero en todo el país, no existe un protocolo de este tipo tan específico, (…) porque cuenta con el respaldo de todas las instancias gubernamentales, (…) fundamentalmente considerando las aportaciones de la sociedad civil y de las personas que representan a los periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos”, señaló.
Durante la XXVII sesión ordinaria celebrada en Malinalco, afirmó que esta propuesta atiende la recomendación 08/2022 de la Codhem, tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales en derechos humanos como el Modelo de Protocolo de Intervención e Interacción de las Fuerzas de Seguridad con Periodistas, comunicadores/as y Medios de Comunicación”, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En su intervención, Luis Miguel Carriedo Téllez, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (CEMPIDH), explicó que el protocolo cuenta con tres objetivos específicos que buscan reconocer, promover, respetar, proteger, asegurar y garantizar los derechos humanos como actividades de interés público; garantizar los derechos humanos a la vida, la integridad física, psicológica y moral, la libertad y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos e implementar y operar las medidas de prevención y protección requeridas para las personas que se encuentran en situación de riesgo de manera coordinada con las instituciones públicas.
