Se invitó a tener un uso responsable de la información que obtienen en internet y aprovechar esta herramienta para visitar páginas como el micrositio de “Violencia Digital”
Redacción AR
Durante la Ceremonia de Instalación de la Secretaría de Derechos Digitales e Innovación Jurídica, de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones del Estado de México (FECOBAA), Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) participó en el panel “El futuro de la justicia en la era digital”, donde se abordaron los retos, oportunidades y perspectivas institucionales de la tecnología en el ejercicio jurídico profesional.
En este marco, Parra Noriega destacó algunos de los riesgos de no proteger correctamente la información personal al interactuar en plataformas digitales, como sufrir engaños o estafas, ser víctimas de violencia digital, secuestros virtuales, entre otros peligros latentes. Al mismo tiempo, el comisionado aseguró que, se requiere trabajar para que la población conozca el valor real de sus datos personales y sepa a quién los entrega, sobre todo cuando navega en internet.
Así mismo, les invitó a tener un uso responsable de la información que obtienen en internet y aprovechar esta herramienta para visitar páginas como el micrositio de “Violencia Digital”, alojado en la página web institucional del Infoem, en donde
podrán encontrar material de utilidad para conocer cómo es que la justicia también tiene relación con la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad y la privacidad.
Finalmente, recordó que la protección de datos personales es un derecho que ha ido tomando cada vez más consciencia, pues hace apenas 16 años se presentaron las iniciativas legislativas sobre este tema, en México. Ahora, frente a un crecimiento vertiginoso de desarrollos tecnológicos y ante el impacto que el uso de las plataformas digitales ocasiona frente a la garantía de este derecho, se necesita ajustar las leyes hacia los desarrolladores y empresas que ofrecen bienes y servicios digitales a la población.
