Auditora superior confirma que ya fue radicada la vista enviada por la FGJEM y continúa una auditoría de legalidad al ayuntamiento contemplada en el programa anual de fiscalización
Alberto Dzib
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) confirmó que inició el análisis de la denuncia remitida por la Fiscalía General de Justicia estatal relacionada con el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien fue señalada por un presunto autosecuestro y el posible desvío de 40 millones de pesos de recursos públicos.
La auditora superior, Liliana Dávalos Ham, explicó que el expediente enviado por el Ministerio Público ya fue radicado y actualmente se encuentra en revisión para determinar las actuaciones que correspondan conforme a las atribuciones del órgano fiscalizador, luego de que la propia presidenta municipal rechazó las acusaciones y solicitó públicamente la intervención del OSFEM para verificar el estado de las finanzas del ayuntamiento.
Precisó que el organismo ya trabaja tanto en la denuncia presentada por la Fiscalía como en una auditoría de legalidad que ya estaba programada para ese municipio y que se prevé que a más tardar en 15 días, se tenga información de los avances.
“Apenas recibimos la vista por parte del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, ya la radicamos y estamos haciendo la revisión del expediente para poder emitir lo que continúa dentro del procedimiento; en cuanto tengamos un avance de la información se los vamos a compartir”.
Dávalos Ham recordó que, de manera independiente a la denuncia penal, Tenancingo forma parte del Programa Anual de Auditorías 2026, publicado el pasado 4 de febrero, mediante una auditoría de legalidad enfocada en verificar que los procedimientos administrativos del ayuntamiento se hayan realizado conforme a la normatividad vigente.
Explicó que este tipo de auditorías revisa el cumplimiento de los procesos legales y administrativos, y en caso de detectar irregularidades se formulan observaciones que primero pueden ser solventadas por la autoridad auditada y, de persistir, derivan en investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas.
La auditora detalló que, si las observaciones no son aclaradas durante las etapas de seguimiento previstas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, el OSFEM integra un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), el cual es remitido al Tribunal de Justicia Administrativa para que determine la existencia de una falta grave y las sanciones correspondientes, sin perjuicio de dar vista a la Fiscalía cuando existan posibles hechos constitutivos de delito.
Respecto a la auditoría en curso, la titular del OSFEM indicó que el ayuntamiento ha atendido hasta ahora los requerimientos de información mediante el enlace designado para ese procedimiento y recordó que los resultados oficiales de esa revisión formarán parte del informe anual de fiscalización que deberá presentarse, a más tardar, el 15 de noviembre de este año.
