Insiste Ricardo Anaya que las causas por las que la acusan de delitos no son más que malinterpretaciones o distorsiones de información.
El candidato a presidente de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anya Cortés aseguró a los mexicanos que pueden quedarse tranquilos ya que manifestó lo siguiente: “no cometí ningún delito y deben saber que mi expediente está limpio y que mi conciencia está tranquila”.
Defendió su licitud moral, legal y política de las operaciones mercantiles y privadas, a través de una carta publicada en Internet. Dichas operaciones consistieron en la compara de un terreno, la construcción que se levantó ahí y la posterior enajenación de ese inmueble. Señala que “esos hechos han sido distorsionados para difamarme”.
Desde los 19 años, ingresó al servicio público y ya contaba con un patrimonio propio, que consta en el Registro Público de la Propiedad de Querétaro, así como ha presentado en tiempo y forma ante las autoridades.
Aseguró que tiene acreditado en físico que sus gastos personales y familiares que no han provenido únicamente de sus percepciones como servidor público, sus ingresos incluyen rendimientos de negocios privados, y puede comprobarse que todas las transacciones en escrituras públicas y a través del sistema bancario.
Además, en la familia de su esposa existen integrantes quienes son empresarios conocidos y respetados en Querétaro, con clara solvencia económica desde hace muchos años.
Detalló que las operaciones comerciales realizadas con el predio y la nave industrial (que de manera indirecta me involucran) fueron hechas por personas y empresas particulares y con dinero de particulares; no intervinieron en ellas autoridades de ningún nivel de gobierno ni se usaron recursos públicos.
En cuanto a la información difundida públicamente no se desprende la comisión de robo, fraude, peculado ni lavado de dinero atribuibles a persona alguna. “Dicho más claramente: de esa información no se desprende ningún delito atribuible a ninguna persona”, sostuvo.
Indicó en la carta aclaratoria que la compra de la construcción de la nave industrial y su posterior venta tienen un respaldo por la documentación que la ley exige desde el momento en que se realizaron las operaciones hace ya año y medio que ha sido del conocimiento de las autoridades respectivas.
Se le acusa de haber comprado un terreno con valor de 10 millones de pesos y haberlo vendido en 54 millones, de lo que resulta, según ellos, una ganancia exorbitante de 44 millones de pesos.
Cabe señalar, que las operaciones que involucran naves industriales se realizan, por lo general, en dólares, como en este caso.
La cotización del dólar tuvo variaciones importantes durante los dos años que duró la construcción de la nave industrial, lo que arrojó que la utilidad del negocio fuera a razón, aproximadamente, del cinco por ciento anual, una tasa completamente razonable dentro del mercado.
Con información de AMQuerétaro
