La Sagarpa empleó cerca de 19 millones 276,420 pesos en la organización de foros, los cuales no se concretaron en una reforma al agro mexicano. Este es el pendiente en la lista de cambios estructurales de la administración federal.
La Reforma al Campo prometida durante la administración de Enrique Peña Nieto parece haber pasado a la historia. Después de varios foros de discusión que hicieron énfasis en la dependencia alimentaria de México y las soluciones para lograr la suficiencia se han quedado en el pasado.
Durante los últimos 20 años, la dependencia alimentaria del país ha crecido, mientras que 20 millones de mexicanos presentan carencia alimentaria. Las dos caras de una realidad que recaen en una propuesta de soluciones enfocadas a salvar al campo mexicano.
“La Reforma para Transformar al Campo establecerá la nueva política pública agroalimentaria con sus cimientos jurídicos, administrativos y de organización, para lograr el cambio estructural que permita una nueva etapa de desarrollo y bienestar para el agro mexicano”, dice la página de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que anunciaba los foros para formar la nueva política del agro.
Con la participación de más de 36,000 participantes y la elaboración de 8,000 propuestas escritas concluyó el Foro de Consulta para la Reforma al Campo, evento que incluyó 47 foros regionales estatales.
La Sagarpa empleó 18 millones 900,000 pesos para realizar el servicio de compendio de la información recogida de los foros y empleó 376,420 pesos para la organización de los eventos, es decir, la dependencia federal empleó cerca de 19 millones 276,420 pesos, de acuerdo con una solicitud realizada por Alto Nivel en el Sistema Infomex.
Sin embargo, la reforma al campo no fue presentada como tal y la entonces dependencia a cargo de Enrique Martínez decidió llevar acciones aisladas para beneficiar al campo. Sin embargo, voces del agro mexicano aseguran que la reforma es necesaria y esperan que logre los frutos de un sector destinado al olvido..
México se encuentra en el séptimo lugar mundial como productor de proteína animal, el sexto en carne de res (1.8 millones de toneladas al año), el quinto en carne de pollo (2.8 millones) y en huevo (2.5 millones), además de que exporta alrededor de 1.2 millones de bovinos en pie, según cifras de la Coordinación General de Ganadería.
Una historia de olvido
En enero de 1915, el presidente Venustiano Carranza promulgó la primera versión de la Ley Agraria en México. Los principios eran simples: la formación de la pequeña propiedad, al disolver los latifundios, y restituir la tierra a los campesinos.
A 100 años de aquel acontecimiento, el reto de la administración federal es hacer del campo un espacio más justo, productivo, rentable y sustentable, con beneficios para la población mexicana.
En noviembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto anunció frente al Consejo Nacional Agropecuario (CNA) la entrega de una iniciativa al Congreso de la Unión para hacer una “gran reforma al campo”.
La intención del primer mandatario parecía tomar forma en marzo del año pasado. La instrucción para el titular de Sagarpa fue la organización y realización de ocho foros temáticos nacionales con la presencia de organizaciones sociales, así como privadas, sumados a siete foros regionales con vocación territorial, foros estatales y foros vía internet.
Los foros temáticos y regionales concluyeron el 23 de julio, con saldo de 65 mesas de trabajo, la participación de 17,537 personas y la recepción de 3,945 propuestas; mientras, los 32 foros estatales contaron con 20,004 participantes y 3,921 ponencias.
El gobierno federal intenta generar un acuerdo de los sectores que representan al campo, como son productores e instancias gubernamentales, sobre temas como uso de biotecnología, financiamiento, comercio internacional y precios justos.
Algunas de las propuestas más recurrentes en los foros, de acuerdo con el Informe de la Consulta Pública para Transformar el Campo, fueron las siguientes: Adoptar tecnologías de la información y comunicación para mejorar la eficiencia de los programas, descentralización de la operación de los programas y más articulación entre los órdenes de gobierno, dar mayor certeza a los productores a través de presupuestos multianuales, transparencia y rendición de cuentas.
Así como fomentar una política de asociación entre pequeños productores para impulsar la productividad del minifundio, planeación en la producción de granos y oleaginosas en función de la demanda, considerando los incentivos de Agricultura por Contrato e Inducción Productiva, aplicar la Ley Federal de Competencia Económica para evitar prácticas monopólicas y especulativas, hacer una reserva estratégica nacional de frijol, maíz y quizá de azúcar, que disminuya la sobreoferta estacional, reformar el artículo 73 de la Constitución y su marco jurídico para que la Federación regule la movilización de productos agroalimentarios, excluyendo las regulaciones locales que impactan de manera negativa a los movilizadores.
Aplicar la Ley de Bioseguridad con apego a la evidencia científica, generar y poner a disposición de los productores variedades mejoradas para que sean más productivos y competitivos.
Esta publicación solicitó una entrevista con algún representante de Sagarpa, pero la dependencia federal no ha respondido.
La verdadera preocupación
En un documento publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Red para la Agricultura Familiar –conformada por más de 60 uniones de productores, gobierno y sociedad civil– se propone que la próxima reforma impulse el desarrollo de la agricultura familiar para revivir al agro.
La meta está puesta al final de la carrera. La FAO establece que, de forma idónea, las naciones deben producir 75% de los productos que consumen, mientras que México tan sólo alcanza cerca de 58% en este rubro.
Fuente: Alto Nivel