Pachuca de Soto, Hidalgo.-Fue presentada la iniciativa de ley para el Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el que se busca contar con esquemas para evitar el “lavado de dinero”.
La diputada local, Lisset Marcelino Tovar, quien presenta la propuesta, ofreció conferencia de prensa junto con el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, para dar detalles de la propuesta.
La legisladora en el Congreso del estado de Hidalgo explicó que en la iniciativa se tipifica que se adquiera, utilice, use, o destinen valores, derechos o bienes cuando existe una procedencia ilícita de los mismos.
También se sanciona el ocultamiento o encubrimiento de este tipo de procedimientos para blanquear capitales también serán considerados conducta delictiva.
También se plantea una reforma al Código Penal local para sancionar con penas que van desde cinco hasta 10 años a quien cometa la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En este punto, se proponen dos gravantes: cuando se use infancias para la comisión del delito y si el sujeto activo es un servidor público se aumenta la mitad de la pena.
Nieto Castillo explicó que Hidalgo está dentro de las ocho entidades que no han regulado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Señaló que es importante esta iniciativa, pues servirá para dar continuidad a las investigaciones en materia de peculado, narcomenudeo, secuestro, trata de personas, delitos de corrupción, ejercicio indebido de atribuciones, entre otros.
Con ello, se podrán aplicar los procesos de extinción de dominio y entregar los recursos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para ser usados en proyectos sociales.
En la iniciativa legal, se plantea que el imputado sea el que acredite la licitud de los recursos y no al revés, que la Procuraduría de Justicia acredite la ilegalidad.
“Hay un recurso que viene de la trata de personas y se introduce al sistema financiero mexicano, en este caso al de Hidalgo, lo que buscamos es combatir la trata y el lavado de dinero, porque esos recursos que se obtienen sirven para mantener la adquisición de bienes, participan inversionistas de empresas fachada, y de lo que trata es ver dónde están esos recursos y sobre todo lograr la extinción de dominio”, expuso Nieto Castillo.
Con la aprobación y aplicación de la ley se amplía el margen de actuación de las autoridades, ya que no sólo se combatirá al grupo delictivo, sino que también se atenderá la base social, pero principalmente se afectarán las estructuras financieras de grupos delictivos.
Por Daniel Martínez Martínez
