El IDHIE recomienda Implementar un programa estatal de salud penitenciaria con estrategias para la prevención y control de contagios de COVID-19
El Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” de la Ibero Puebla (IDHIE) llama a tomar medidas urgentes de prevención y tratamiento, frente al contagio por COVID-19 al interior de los Centros Penitenciarios en el Estado de Puebla.
El IDHIE señala que las deficiencias en infraestructura de salud, la sobrepoblación y el hacinamiento, así como la sistemática violación de derechos humanos al interior de los Centros Penitenciarios en Puebla, revelados en los diagnósticos que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hacen a las personas privadas de la libertad especialmente vulnerables y más susceptibles al contagio y propagación del virus SARS-COV2.
Cifras oficiales señalan que a nivel estatal se ha contagiado 1 de cada 2 mil personas, mientras que en el caso de personas privadas de la
libertad, al menos 18 de cada 2 mil están contagiadas.
Por lo tanto, en cumplimiento con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos y con la Ley Nacional de Ejecución Penal, “es urgente que el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y las demás autoridades competentes, garanticen el derecho a la protección de la salud tanto de las personas privadas de libertad, como de
adolescentes en conflicto con la ley; del personal que labora en centros penitenciarios; de las niñas y niños que viven en centros penitenciarios con sus madres; de familiares y demás visitantes, a través de medidas urgentes que atiendan a los principios de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, interseccionalidad, transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos, y se lleven a cabo de manera inmediata”.
Entre las recomendaciones del Instituto están las siguientes:
- Implementar un programa estatal de salud penitenciaria que presente estrategias efectivas para la prevención y control de contagios en entornos penitenciarios y asegure el tratamiento médico de calidad de personas diagnosticadas por COVID-19.
- Implementar un programa estatal de despresurización penitenciaria que atienda el hacinamiento, que tome en cuenta no sólo la posibilidad de aplicar figuras legales como el indulto o la amnistía, sino también la reevaluación de casos de prisión preventiva, la utilización de medidas alternativas a la privación de libertad y otras posibilidades de libertad anticipada contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
- Brindar información suficiente sobre las medidas llevadas a cabo en los centros penitenciarios de Puebla durante la pandemia, tanto a la población privada de su libertad como a sus familiares y público en genera
