Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Al finalizar la actual administración del gobierno municipal de Tulancingo no se dejará deuda pública, aseguró el alcalde Jorge Márquez Alvarado.
Señaló que el financiamiento para la construcción de la actual sede de presidencia municipal, contratado en el año 2011 por un monto de 60 millones de pesos, será solventado en el actual periodo de gobierno.
“En este momento tenemos un adeudo por alrededor de 21 millones de pesos, y con el esquema de pagos que tenemos, al finalizar el actual periodo de gobierno, la deuda será solventada completamente”, aseguró.
Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que el Congreso del estado de Hidalgo aprobara el proyecto para que gobiernos municipales puedan contratar deuda para la realización de obras y acciones públicas.
Dicho proyecto fue aprobado el pasado 9 de febrero, con 27 votos a favor, y modifica el Decreto 785 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Hidalgo.
Con dicha modificación, los gobiernos municipales podrán contraer deuda pública para la ejecución de obras y acciones, pero sin exceder el monto de sus participaciones y tendrán que pagarla antes de que concluya su mandato.
Márquez Alvarado señaló que “seguramente los diputados locales vieron algunas necesidades de municipios que debían solventar”, y por ello presentaron y aprobaron la iniciativa.
Pero en el caso de Tulancingo no existe intención de contratar nuevas deudas públicas, “por responsabilidad, para que la administración entrante no encuentre problemas al respecto”.
Respecto al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) municipal, con inversión de 22 millones de pesos, el alcalde señaló que faltan por liquidar tres millones, lo que se hará en cuanto inicie su operación.
En el caso de la sustitución de poco más de 15 mil luminarias en todo el municipio, con inversión por 49 millones de pesos, aseguró que ya se ha pagado más de la mitad de dicha cantidad.
Por lo que aseguró que ambos proyectos quedarán solventados antes de finalizar la administración a su cargo.
Además, no se tienen considerados nuevos proyectos de obras o acciones públicas que puedan implicar contratación de deuda.
Por Daniel Martínez Martínez
