El Pleno aprobó en periodo extraordinario iniciativas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con votaciones diferenciadas entre los dictámenes
Alberto Dzib
El Pleno del Congreso del Estado de México avaló este 15 de enero, en periodo extraordinario, el paquete de iniciativas en materia de seguridad pública, combate a la extorsión y búsqueda de personas, enviado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En materia de extorsión, el Pleno aprobó por unanimidad la creación de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, que armoniza la legislación estatal con el marco federal, elimina la tipificación local de este delito para evitar duplicidades y establece una ruta operativa con enfoque preventivo, atención a víctimas y reparación integral del daño.
El nuevo ordenamiento contempla la creación de un Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión, un Centro Estatal de Atención a Denuncias a cargo de la Secretaría de Seguridad y una Fiscalía Central Especializada para investigar extorsión, delitos vinculados y secuestro, además de incorporar una iniciativa del PRI que permite la persecución de oficio del llamado cobro de piso ante la falta de denuncias por temor a represalias.
De manera paralela, se avaló la reforma para reforzar los mecanismos de búsqueda de personas, que establece la activación inmediata de una Alerta Nacional de Búsqueda desde el primer reporte, amplía el acceso a registros biométricos, administrativos y forenses, y obliga a la emisión inmediata de fichas técnicas con difusión masiva y coordinación con el Registro Nacional de Población.
Las reformas en materia de seguridad pública fueron aprobadas por mayoría, con el voto en contra del PRI y están enfocadas en reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión operativa, ampliar las atribuciones de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y establecer la participación de corporaciones policiales estatales y municipales en la investigación de delitos, en coordinación con el Ministerio Público y bajo principios de legalidad y respeto a derechos humanos.
Las reformas también ajustan la coordinación entre el Estado y los municipios, fortalecen el servicio profesional de carrera policial con homologación de perfiles y controles de confianza, redefinen funciones de la Universidad Mexiquense de Seguridad y ordenan la integración del Sistema Estatal de Seguridad Pública conforme a las bases del federalismo cooperativo.
