La Legislatura mexiquense se sumó al bloque de congresos locales que han respaldado la minuta federal, con la que se busca unificar la persecución penal, las sanciones y los criterios de investigación
Alberto Dzib
Por unanimidad de votos el Congreso del Estado de México, avaló la minuta de reforma constitucional en materia de feminicidio y con ello se convirtió en la entidad número 12 en respaldarla para que el Congreso de la Unión quede facultado a expedir una Ley General de Feminicidio.
La modificación consiste en incorporar de forma expresa este delito al catálogo de materias sobre las que el Poder Legislativo federal puede emitir legislación general, con el propósito de fijar bases comunes en la tipificación, la persecución penal y la actuación de autoridades ministeriales y judiciales en todo el territorio nacional.
El alcance inmediato de la minuta no modifica las penas que hoy aplican en cada estado, pero sí abre la puerta a una norma nacional que establezca parámetros mínimos, agravantes y criterios homologados, bajo la premisa de reducir las diferencias que hoy persisten entre códigos penales locales.
Al presentar el proyecto ante el pleno, la diputada Selina Trujillo Arizmendi sostuvo que la reforma busca cerrar brechas entre entidades y evitar que la respuesta institucional varíe según el lugar donde ocurra el delito.
“Esto implica algo muy concreto, que la justicia ya no dependa de un código postal, que las penas sean congruentes en todo el territorio nacional y que los vacíos legales dejen de ser refugio para la impunidad, no solo es un cambio constitucional, es una ruta obligada de acción”.
Se expuso que la futura ley general deberá contemplar protocolos de investigación con perspectiva de género, bases homogéneas para sanciones y lineamientos de actuación para las fiscalías, además de mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad por feminicidio.
Se destaca que durante 2025 se contabilizaron 732 víctimas de feminicidio en el país, además de que se retomaron obligaciones del Estado mexicano derivadas de la Convención de Belém do Pará, con el señalamiento de que se requiere una respuesta nacional con criterios comunes.
