La propuesta para 2026 supera los 170 mil millones de pesos en acciones de igualdad y prevención
Alberto Dzib
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado de México, Zaira Cedillo Silva, expuso que el próximo año se destinará un monto superior a 170 mil millones de pesos para políticas orientadas a mujeres, cifra que representa la asignación más alta para este rubro en la entidad.
La legisladora detalló que el planteamiento del Ejecutivo estatal incluye intervenciones para recuperación de espacios públicos, iluminación, vigilancia y acompañamiento especializado en contextos donde persisten factores de riesgo para mujeres, niñas y adolescentes, todo bajo criterios de seguimiento y cumplimiento medible.
Cedillo Silva precisó que el proyecto mantiene los recursos destinados a las declaratorias de alerta de género por feminicidio en 11 municipios y por desaparición en siete más; para este componente se perfilan 260 millones de pesos, de los cuales 200 millones estarán a cargo de los ayuntamientos, sujetos a la comprobación de avances en infraestructura, prevención y medidas de protección.
“Bueno, hay que reconocer el gran compromiso de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, con las mujeres; ella lo puso en todo su plan de gobierno como eje uno de gobierno transversal para la igualdad de género, pero hoy se ve reflejado en el presupuesto. Creo que es histórico el más amplio y al que más se le ha designado recurso en el Estado de México para las mujeres”.
La distribución del monto global incorpora una parte que se ejercerá desde la Secretaría de las Mujeres para operar mecanismos de evaluación, seguimiento y coordinación con los municipios sujetos a alerta.
Este componente incluye tareas de monitoreo y validación del uso de recursos, así como la obligación de reportar avances en acciones enfocadas en la reducción de riesgos asociados a feminicidio y desaparición.
Con ello se busca que los programas vinculados a igualdad de género, prevención y atención institucional cuenten con disponibilidad presupuestal en el inicio del próximo ejercicio y puedan sostener las intervenciones contempladas en las declaratorias de alerta de género.
