- Proponen David Parra y Gerardo Izquierdo un enfoque coordinado en materia de seguridad vial.
En nombre del grupo parlamentario del PRI, los diputados David Parra Sánchez y Jesús Gerardo Izquierdo Rojas plantean la armonización de la Ley de Movilidad estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México a fin de lograr un enfoque integral y coordinado en la gestión de seguridad vial en la entidad, promoviendo el derecho a la movilidad de toda la ciudadanía que reside y transita en el estado.
A través de esto se busca garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; así como establecer las directrices a las que se deberá sujetar la administración pública para planear, regular, gestionar y fomentar la movilidad de la población mexiquense, mediante el reconocimiento de esta como un derecho humano del que goza toda persona sin importar su condición, modo o modalidad de transporte.
El legislador David Parra explicó que se fortalecerá la movilidad en cinco ejes principales: coordinación, seguridad, ordenamiento, sostenibilidad, sustentabilidad y uniformidad.
La iniciativa, que estudiarán las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, establece normas y criterios generales que permiten la coordinación y homologación de políticas y acciones en materia de movilidad y seguridad vial a nivel estatal y municipal, y proporciona un marco legal para el ordenamiento y regulación del tránsito vehicular y peatonal que servirá de base a los municipios para generar reglamentos que brinden seguridad a los distintos modios de transporte.
También regulará el transporte público y privado, con lo que se fomentará el uso de tecnologías más limpias y sostenibles que ayudarán a la reducción de emisiones; promueve la movilidad sustentable, alentando el uso de medios de transporte no motorizados, como bicicletas, así como el desarrollo de sistemas de transporte público eficientes y accesibles; y establece normas comunes, con lo que se evitan confusiones y conflictos que podrían surgir si los municipios no se apegan a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
