Movimiento Ciudadano plantea que toda la comunidad universitaria participe en la elección de autoridades y se regulen procesos de responsabilidad interna
Alberto Dzib
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, presentó una iniciativa ante el Congreso local para reformar la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), con el fin de establecer el voto universal en la elección de la rectoría y otros cargos directivos en la institución.
La propuesta plantea que el Consejo Universitario, constituido en Colegio Electoral, designe a la persona rectora a partir del cómputo de una elección democrática universal en la que participen todos los integrantes de la comunidad universitaria, bajo los principios de representatividad y voluntad mayoritaria.
El mismo mecanismo se aplicaría para elegir a las direcciones de organismos académicos, centros universitarios y planteles de preparatoria.
La legisladora recordó que la institución enfrentó en 2025 una crisis institucional derivada de cuestionamientos al proceso de elección de la rectoría, lo que llevó a la suspensión del procedimiento y abrió un debate sobre la necesidad de actualizar su marco normativo.
Actualmente, la Ley de la UAEMéx establece que el Consejo Universitario elige a la persona titular de la rectoría mediante un proceso de auscultación cualitativa y cuantitativa, mientras que una reforma reciente al Estatuto Universitario determinó ponderaciones diferenciadas de voto entre sectores estudiantil, docente y administrativo, lo que, según la iniciativa, genera una contradicción normativa que requiere armonización.
El proyecto también propone establecer que los procedimientos internos observen el derecho al debido proceso, contemplen órganos de investigación y resolución, promuevan mecanismos alternativos de solución de controversias y obliguen a dar vista al Ministerio Público cuando se detecten conductas que pudieran constituir delito.
Es de señalar que desde 2025 la propia UAEMéx trabaja en la elaboración de una iniciativa integral de reforma a su ley orgánica, y en ese proceso el Congreso estatal ha optado por esperar la propuesta institucional antes de abordar cambios de fondo, con el argumento de no vulnerar la autonomía universitaria.
