Congreso analiza dos iniciativas y una propuesta ciudadana para reconocer la violencia química como delito específico
Alberto Dzib
La discusión en comisiones del Congreso del Estado de México sobre la tipificación de la violencia ácida incorporó la propuesta de crear un fondo estatal que garantice la atención médica continua de las víctimas, planteada por la activista Carmen Sánchez Flores.
En el análisis de dos iniciativas promovidas por legisladoras y una propuesta ciudadana, la defensora señaló que el principal problema no es sólo la sanción penal, sino la falta de mecanismos efectivos para cubrir los costos de rehabilitación derivados de este tipo de agresiones.
Expuso que la legislación vigente reconoce el acceso a servicios de salud, pero no asegura recursos específicos para atender a sobrevivientes, lo que limita la continuidad de tratamientos médicos especializados.
“Si no tenemos un presupuesto asignado para las sobrevivientes, de qué manera se nos va a dar esa atención, no la tenemos garantizada, aunque la ley mencione al sector salud, no hay un apartado específico que asegure atención pronta y continua”.
Detalló que las secuelas de los ataques con sustancias químicas implican procesos prolongados que requieren cirugías recurrentes, terapias y atención especializada, lo que rebasa la capacidad económica de las víctimas sin un respaldo institucional permanente.
“Las cirugías tienen que ser continuas, si se detienen retrocedemos, el fondo actual es lento, tiene un tope y solo permite una cirugía por año, eso no responde a las necesidades reales de las sobrevivientes”.
La activista indicó que en el Estado de México al menos 10 mujeres son acompañadas por organizaciones civiles tras haber sufrido este tipo de agresiones, aunque advirtió que el número real podría ser mayor debido a la falta de denuncias y seguimiento.
Señaló que la mayoría de los casos registrados tienen como agresores a parejas o exparejas, lo que refuerza la necesidad de reconocer esta conducta como violencia de género y no como lesiones, como se clasifica actualmente.
Las iniciativas en estudio, impulsadas por las diputadas de Morena Zaira Cedillo Silva y Nelly Rivera Sánchez, contemplan tipificar el delito con penas de hasta 20 años de prisión, así como integrar medidas de atención médica, rehabilitación y reinserción social.
El proceso de análisis continuará el 22 de abril en comisiones, en un contexto donde el Estado de México aún no ha incorporado esta figura en su marco legal, a diferencia de 25 entidades del país que ya han avanzado en su regulación.
