Buscan penas de hasta 70 años de prisión y atención integral a víctimas; el 86% de los ataques ocurren contra mujeres entre 20 y 30 años
Alberto Dzib
Mujeres sobrevivientes de ataques con sustancias corrosivas, acompañadas por la activista Carmen Sánchez, presentaron una iniciativa ciudadana ante el Congreso mexiquense para que la violencia química sea reconocida como delito autónomo y no solo como agravante en el Código Penal.
La propuesta plantea sanciones de 40 a 70 años de prisión y la garantía de atención médica, psicológica, laboral y educativa para las víctimas.
La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Zaira Cedillo Silva, señaló que esta es la tercera iniciativa que llega al Congreso local sobre el mismo tema, por lo que se prevé integrar un solo dictamen antes de que concluya el año.
“Existen coincidencias sustanciales entre las tres propuestas, solo falta consensuar la pena aplicable”, explicó durante la presentación.
Actualmente, el Código Penal del Estado de México sanciona con entre 5 y 10 años de cárcel las lesiones provocadas con ácidos, sustancias corrosivas o flamables, tratándolas como agravante.
Sin embargo, la Fundación Carmen Sánchez advirtió que esta redacción no refleja la gravedad del daño ni las secuelas que enfrentan las víctimas, que suelen someterse a decenas de cirugías reconstructivas y largos periodos de hospitalización.
“Hace once años fui atacada con ácido. En ese momento no existía esta tipificación y cuando acudí a las instituciones me dijeron que este tipo de violencia no existía en México. Iniciamos este camino sin recursos económicos ni respaldo político, buscando que se castigue y no se repita más”, expresó.
La iniciativa subraya que no se trata únicamente de ataques con ácido, sino de una forma de violencia química, que incluye el uso de thinner, gasolina, sosa cáustica o líquidos a altas temperaturas.
La Fundación estima que existen en el país al menos 25 mil sustancias capaces de causar quemaduras profundas y daños irreversibles al entrar en contacto con el cuerpo humano; de acuerdo con los datos presentados, el 86% de las víctimas son mujeres de entre 20 y 30 años, con una edad media de 27 años.
En 72% de los casos, los agresores son personas cercanas, principalmente parejas o exparejas, y el momento más peligroso suele ocurrir cuando la mujer decide romper una relación violenta sin contar con medidas efectivas de protección.
La cofundadora de la Fundación, Ximena Canseco, explicó que las consecuencias de estos ataques trascienden lo físico y requieren atención integral.
Los estados con mayor número de casos son el Estado de México, Ciudad de México y Puebla, donde la mayoría de los ataques ocurren en la vía pública o en los trayectos cotidianos al trabajo o la escuela. Las víctimas, según el registro de la Fundación, suelen quedar con secuelas permanentes que afectan su salud, su autonomía y su integración social.
La diputada Cedillo Silva indicó que el Congreso trabajará con las organizaciones ciudadanas para consolidar un marco legal que reconozca la violencia química como una forma extrema de agresión basada en género y garantice justicia y reparación del daño para las mujeres afectadas.
