Paola Macuitl
Más de 40 militantes de Nueva Alianza Puebla (NAP), incluida la dirigencia saliente, impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) la negativa de registro para contender por delegaciones en el proceso interno del partido.
Los juicios son contra la resolución del 16 de octubre del Órgano Garante de los Derechos Políticos de los Afiliados, que declaró improcedentes sus solicitudes para participar en la Convención Estatal del 10 de octubre, donde se eligieron 26 representantes distritales y 52 delegados que, a su vez, designaron el 17 de octubre a la nueva dirigencia encabezada por el diputado local Elías Lozada Ortega.
Entre los impugnantes está la cúpula saliente: Yazmín Domínguez Garrido, secretaria general; Rita María Carrillo Crisantos, de Político Electoral; Alejandro González Morales, de Finanzas; Laura Martina Pérez Márquez, de Vinculación, y Mónica Peralta Flores, de Comunicación Social, entre otros.
A ellos se suman militantes como Sthephanie Sánchez González, Manuel Castillo Miranda, María Guadalupe González Domínguez, Cándido Morales Mejorada, Oscar Rosas Martínez, Jazmín Díaz Molina y Julio Rodríguez Serrano, así como decenas de afiliados más a quienes se les negó el registro.
El TEEP radicó las quejas en los expedientes del TEEP-JDC-056/2026 al TEEP-JDC-082/2026, con lo que el conflicto interno de Nueva Alianza quedó formalmente iniciado.
El litigio se suma a la ruptura denunciada por el magisterio, pues las secciones 23 y 51 del SNTE acusaron al dirigente saliente Emilio Salgado Néstor de prácticas antidemocráticas y de pretender perpetuarse nueve años al frente del partido, con decisiones arbitrarias y abusos de poder.
Los maestros aliancistas señalaron que la Asamblea del 10 de octubre se realizó sin la presencia del Comité de Dirección Estatal, lo que, aseguraron, viola los estatutos y vicia de ilegalidad del proceso de elección de representantes y de la nueva dirigencia.
La nueva dirigencia electa ha negado la ruptura y atribuye las inconformidades a una mala lectura de la convocatoria, pero la cadena de impugnaciones deja en manos del tribunal la definición sobre la legalidad de la renovación interna de NAP.
