Al 70 por ciento, regulación de propiedades oficiales

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Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- El 70 por ciento de los predios donde se ubica infraestructura municipal, ya cuentan con la documentación que acredita propiedad a favor del gobierno municipal, confirmó Marco Antonio Vera Flores, secretario general del Ayuntamiento.

Un diez por ciento restante, son propiedades que son de dominio público, como el caso de la antigua presidencia municipal, hoy Ciudad Judicial, el Hospital General, entre otros.

Por lo que prevalecerá un 20 por ciento de propiedades por regularizar, lo que espera Vera Flores que se dé continuidad en el siguiente gobierno municipal.

Al inicio de la actual administración, se detectó que el 90 por ciento de terrenos donde se ubica infraestructura municipal estaba sin documento alguno que avalara la propiedad hacia el gobierno local.

Por lo que se revisó la circunstancia económica para poder llevar a cabo los trabajos de regularización jurídica, dando seguimiento la Contraloría municipal, y la Síndico Jurídico Patricia Márquez Vera a los trabajos de regularización.

La situación irregular se detectó a partir de solicitar inversión estatal y federal, para mejoramiento y trabajos diversos.

Las dependencias a las que se acudió solicitaron acreditar las propiedades antes de concretar la entrega de recursos, lo que no se pudo realizar en un primer momento.

“Como antes no había necesidad de acreditar propiedad para acceder a recursos públicos, el tema no se había atendido, pero el aviso, el cambio de reglas de operación, fue una excelente oportunidad para revisar y regularizar las propiedades a favor del gobierno municipal”.

Algunos espacios públicos donados a favor del gobierno municipal dentro de fraccionamientos, también pasaron por el proceso de regularización, en la posibilidad de que en algún momento puedan atraerse inversiones públicas.

Vera Flores consideró que el porcentaje restante de propiedades por regularizarse deberá ser retomado por el siguiente gobierno municipal, tanto para tener la certidumbre jurídica, como para atraer inversión pública sin problemas mayores.

Por Daniel Martínez Martínez

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